En el marco del acuerdo de precios y salarios para reactivar la economía, el Gobierno nacional sentará la próxima semana a los representantes de la construcción para definir líneas de acción que consoliden al sector sin afectar la inflación.
Se trata de la segunda industria que establecerá diálogo formal con el Ejecutivo, en pleno impulso del oficialismo para frenar la escalada de la inflación y recuperar el trabajo y el consumo en el país.
Uno de los puntos fuertes del Gobierno serán los incentivos fiscales otorgados hace poco a los empresarios del sector, que terminó el 2020 con una recuperación en la actividad y el empleo, y que sumaría una inversión de casi US$ 5.000 millones este año.
"La reunión es inminente, pero aún sin fecha", respondieron desde el sector privado respecto a la puesta en marcha de la Mesa de la Construcción, la segunda de las tres primeras definidas por el Gobierno, que comprenden a Alimentos, y Electrónica y Electrodomésticos.
De hecho, el jueves pasado se concretó el primer encuentro sectorial, en este caso con representantes del rubro de alimentación, donde el principal obstáculo es la suba constante de la canasta básica, lo que empujó al 4% la inflación de enero.
Otro es el panorama de la construcción, que en diciembre presentó un alza interanual del 27,4%, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), y ese aumento resultó un 22% mayor a los niveles de febrero de 2020, antes del COVID.
Además, implicó la segunda suba consecutiva en el sector, tras 26 meses en baja, y la de mayor magnitud desde noviembre de 2017, y continúa la tendencia. Durante febrero, aumentaron anualmente los despachos de 12 de los 13 insumos más usados.
Por el lado del empleo, si bien se contrajo durante diciembre, "resulta la primera merma luego de cuatro meses consecutivos de recuperación y se vincula principalmente a factores estacionales”, según información del Instituto de Estadística y Registro de la Industri de la Construcción (Ieric).
Desde el Ieric manifestaron en su último informe que se trata “una contracción más moderada que la observada en igual mes de años anteriores" y que “el volumen de ocupación es de 293.934 puestos de trabajo registrados, cifra que es un 1,5% menor a la de noviembre”.
En noviembre, el empleo en la construcción alcanzó a 298.430 puestos, 29.623 más que en mayo del año pasado, cuando se alcanzó el piso de la caída en la actividad, pero todavía está lejos de los 357.000 de diciembre de 2019.
Sin embargo, más allá de la recuperación que el sector comenzó a experimentar a partir de junio de 2020, y que se mantiene, hubo un momento de tensión en los últimos meses del año pasado entre la industria y el Gobierno.
A mediados de septiembre, ante la creciente demanda de materiales y para evitar que eso se traduzca en una presión para la inflación, la Secretaría de Comercio Interior lanzó el programa Precios Cuidados para la construcción.
La medida contemplaba que unos 93 productos de 17 rubros mantuvieran un registro de precios bajo, con valores un 5% por debajo de los de mercado. La respuesta de muchas empresas fue retener volúmenes de producción y desabastecer el mercado.
Esto significó un freno a la actividad en momentos en que la construcción volvía a demandar materiales. La intención del empresariado era esperar el tiempo correcto para subir los precios y potenciar la devaluación del peso frente al dólar, algo que no ocurrió.
Sin embargo, la retención de productos provocó que la Secretaría intimara a las empresas a garantizar el abastecimiento y a "incrementar su producción hasta el máximo de su capacidad instalada", a través de la resolución 605/2020.
Asimismo, desde la entidad gubernamental a cargo de Paula Español se les solicitó a los empresarios que "implementen las medidas necesarias para asegurar el transporte y provisión" de los materiales, y así profundizar el crecimiento del sector.
Es que desde Comercio Interior constataron "retrasos en el normal abastecimiento y acopio de materiales" que no guardaban relación con la situación de la cadena de valor.
Por eso, los privados no tuvieron excusas al defender la retención, porque según el Gobierno, ya existían "menores restricciones al tránsito y la tendiente optimización de los protocolos sanitarios dentro de las plantas industriales" para prevenir el COVID.
LOS BENEFICIOS AL SECTOR
El costo de los materiales de la construcción, medido por el Indec, cerró 2020 con un aumento de 64,4%, casi el doble de la inflación del año, lo que colocó a la actividad entre las prioridades para el Gobierno a la hora de programas las mesas de diálogo.
Con una demanda recuperada y el empleo en ascenso, el Ejecutivo definió en diciembre pasado incluir entre los proyectos a discutir en las sesiones extraordinarias del Congreso, uno para reactivar las obras en el sector privado.
La iniciativa, convertida en ley el último miércoles por el Senado, exime del impuesto de Bienes Personales a las inversiones destinadas a la construcción de inmuebles nuevos durante dos años y otorga un crédito fiscal para cubrirlo, junto con el 1% del monto invertido.
Además, se determinó que las personas que declaren voluntariamente activos en pesos o dólares y los destinen a obras nuevas pagarán un único gravamen, con alícuota creciente en el tiempo.
A aquellos que presenten esa información, se les otorgará un "blanqueo fiscal" respecto de lo que pudiera corresponder por esos fondos, además de una serie de beneficios en acciones judiciales y administrativas.
De acuerdo la flamante ley, las personas que declaren sus capitales antes de los 60 días de promulgada la norma pagarán un impuesto del 5%, mientras que, después de esa fecha, y hasta los 90 días, el tributo único será del 10%.
En el caso de quienes realicen su declaración desde el tercer mes de la promulgación y hasta 120 días abonarán 20%. Al respecto, la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) estimó que el blanqueo significaría inversiones en el sector por unos US$ 5.000 millones este año.