Luego de que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, pidieran la condena a 12 años prisión y la inhabilitación de la vicepresidenta Cristina Kirchner para ejercer cargos públicos en el marco de la causa Vialidad, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, salió a repudiar “la persecución judicial”.
El pronunciamiento del jefe del Estado fue difundido de manera pública apenas el fiscal Luciani terminó de pedir las condenas en el juicio por el presunto direccionamiento de la obra pública en la provincia de Santa Cruz.
“Hoy es un día muy ingrato para alguien que, como yo, se ha criado en la familia de un juez, se ha educado en el mundo del derecho y enseña Derecho Penal hace más de tres décadas”, escribió Fernández en su cuenta de Twitter, y agregó: “Vuelvo a transmitir mi más profundo afecto y solidaridad a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner”.
En su posteo, el mandatario adjuntó un comunicado oficial del Poder Ejecutivo en donde resalta que “el Gobierno Nacional condena la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que quedó expresada hoy, una vez más, en el alegato final y pedido de pena en la denominada Causa Vialidad”.
“Tal como expresó el presidente Alberto Fernández en reiteradas ocasiones, la persecución judicial avalada y promovida por distintos medios de comunicación, la tipificación abusiva de la figura de la asociación ilícita, la imposición de la prisión preventiva como pena anticipada, la acusación fundada en responsabilidades objetivas y la aplicación del derecho penal de autor, son todos aspectos que contradicen la dogmática del Derecho penal aplicable en una República fundada en el Estado de Derecho”, dice la declaración.
Esta tarde, los fiscales pidieron que la Vicepresidenta Cristina Kirchner sea condenada a una pena de prisión efectiva de 12 años de prisión al acusarla del delito de ser jefa de una asociación ilícita y de administración fraudulenta agravada por su condición de funcionaria pública.
Además, el fiscal Luciani reclamó una pena para Lázaro Báez de 12 años de prisión; para el exministro de Planificación, Julio de Vido, diez años; y para el exsecretario de Obras Públicas, José López, también diez años.
“Ninguno de los actos atribuidos a la ex Presidenta ha sido probado y toda la acusación que se le carga se refiere únicamente a la función que ejercía en ese período, lo cual degrada lastimosamente los más elementales principios del Derecho Penal moderno”, agregó el texto que difundió Alberto Fernández.
En este sentido, el escrito señala que “el Gobierno reitera su adhesión al principio constitucional de inocencia y a la plena vigencia del funcionamiento democrático de la justicia, el derecho de defensa y la igualdad ante la ley, y seguirá bregando por una reforma judicial que garantice estos valores para todos y todas”.
“Asimismo, expresa su solidaridad con la vicepresidenta frente a esta persecución y búsqueda de proscripción que se enmarca en intentos similares llevados adelante contra otros líderes populares cuando la justicia se pone al servicio de poderes fácticos”, añade el comunicado.
A lo largo de su alegato, los fiscales Mola y Luciani sostuvieron que los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner direccionaron la obra pública vial de Santa Cruz en favor de Lázaro Báez, a la vez que aseguraron que todos los acusados sabían de las maniobras.
Por su parte, Cristina Kirchner precisó en horas de la mañana que instruyó a su abogado para que, a los efectos de poder ejercer su “derecho a defensa en juicio”, solicite la ampliación la indagatoria para este martes 23 de agosto.
“Ante la falta de pruebas en el juicio oral y las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia de Iguacel; los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas”, sostuvo la expresidenta.
En la Causa Vialidad, se le imputa a Cristina Kirchner la coautoría de los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de jefe y administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública durante los años en los que fue presidenta de la Nación.
Entre los imputados figura el exministro de Planificación Federal Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas José Francisco López; el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) Nelson Periotti y el exsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal Carlos Santiago Kirchner.
También aparece el exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala; los exresponsables del Distrito N°23 “Santa Cruz” de la DNV Raúl Osvaldo Daruich y Mauricio Collareda y los expresidentes de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz Héctor René Jesús Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilbeto Pavesi y José Raúl Santibáñez.
