domingo, noviembre 28, 2021

Algunos cortocircuitos con Alak habrían frenado el tratamiento de la Ley de Víctimas

Cuando parecía que la reforma a los Códigos Procesal Penal y de Ejecución Penal bonaerense iba a ser tratada este jueves de repente se cayeron los acuerdos. Los motivos.

El martes pasado a sólo 48 horas de la segunda sesión mixta de la Cámara de Diputados de la provincia desde el oficialismo y la oposición, tal como este medio anticipó, daban por descartado el tratamiento de la “adecuación” a la Ley de Víctimas. Desde ambos campamentos incluso intercambiaron opiniones sobre el proyecto de la diputada platense Carolina Píparo.

El trato era hacer lugar al reclamo encabezado por Juntos por el Cambio en medio de la polémica por los beneficios procesales otorgados a presos bonaerenses en medio de la pandemia de coronavirus (Covid-19) y a cambio tratar un proyecto que otorga beneficios fiscales a las asociaciones civiles que pertenece al titular de la bancada del Frente de Todos, Facundo Tignanelli.

Para sorpresa de muchos el acuerdo a último momento se cayó y en el temario de la Cámara baja sólo apareció un paquete de proyectos relacionados con el Covid-19 y, finalmente, los diputados no votaron ninguna ley. Sin embargo, la sesión habría servido para ingresar el nuevo pedido de endeudamiento de Axel Kicillof.

De repente, las reformas de los Códigos Procesal Penal, de Ejecución Penal y la Ley del Ministerio Público bonaerense, que buscan conferirles mayor participación a las víctimas, al tiempo de garantizar sus derechos y facultades, y patrocinio jurídico gratuito, se terminaron postergando. En palabras del bloque cambiemita “la voluntad se hizo humo”.

 

 

Así lo marcó Píparo. “La voluntad de tratar mi proyecto para adecuar la Ley de Víctimas en la provincia se hizo humo. Dicen que el ministro de Justicia trabaja en otro (?) Las dilaciones y la indiferencia del kirchnerismo son una burla a las víctimas que necesitan esta ley”, disparó durante la sesión.

De acuerdo a lo que pudo reconstruir este portal con fuentes parlamentarias, detrás de la repentina marcha atrás habría un “malestar” del ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak, por haberse “desayunado” del asunto a principios de semana cuando el acuerdo ya estaba a mitad de cocción.

“Otro ministro habilitó a que se avance y Julio se recalentó y no es para menos porque de alguna manera pasaron por sobre él”, dijo, escueto, uno de los consultados que mantiene contactos por este tema con el funcionario del Gabinete de Kicillof.

Lo cierto es que, efectivamente, desde Justicia mantuvieron conversaciones con legisladores. En un primer momento había surgido la idea de avanzar en una comisión especial con difrentes actores que estudie en un horizonte cercano las reformas de las leyes bonaerenses. El tema quedó en estudio.

 

 

De hecho, Alak cruzó algunos mensajes con Píparo. Ya se habían comunicado poco más de un mes atrás cuando la diputada platense recibió una amenaza por las redes sociales de parte de Carlos Moreno, el hombre que la atacó en 2010 en una salidera bancaria y que asesinó a su hijo Isidro.

Otra fuente aportó que desde Justicia “tuvieron que salir a las apuradas a escribir el proyecto” y hubo “enojos”, e incluso, afirmó que el texto habría pasado por las manos del Secretario General de la Gobernación, Federico Thea.

Por su parte, desde Juntos por el Cambio atribuyeron la demora a un “ruido” en el oficialismo y cuestionaron su postergación. “Cuando hay voluntad se puede hacer”, objetaron. En la otra verada, desde un primer momento el oficialismo le enrostró a los cambiemitas su omisión durante la gestión de la exgobernadora María Eugenia Vidal.

En rigor, el reclamo por la reforma de los Códigos Procesal Penal y de Ejecución Penal bonaerense data de 2015 cuando se inicio la pelea la Ley 27.372, que fue sancionada dos años después por el Congreso de la Nación. Uno de los abanderados fue Sergio Massa.

 

 

Justamente, fue de manos de un legislador de su espacio, el senador José Luis Pallares, que se materializó un proyecto de ley que llegó a obtener media sanción en la Cámara alta bonaerense y luego fue perdiendo estado parlamentario sucesivamente.

Ese texto que por entonces fue girado a Diputados planteaba la modificación de los artículos 78, 81, 83, 325, 368, 402, 404, 500 del Código Procesal Penal y la incorporación del 83; y 3 a la Ley 12256, de Ejecución Penal bonaerense. Con lo que es difícil argüir que se trata de un reclamo nuevo.

Y las víctimas son testigo de eso. De la demora reciente, pero también de ese largo derrotero, se quejó Viviam Perrone de la Asociación Civil Madres del Dolor. “Dijeron que se estaba armando una mesa de trabajo. Desde fines de 2016 que se votó y a comienzos del 2017 comenzó a aplicarse la ley nacional, ¿Y ahora lo van a hacer?", se descargó después de la sesión de Diputados.

Ahora, la intención sería incluir el tema en la  proxima sesión, con fecha estimativa para el jueves 4 de junio. Además, de la deuda con las víctimas, sobre los legisladores también pesa el pedido de la Corte Suprema bonaerense de “abordar en un plazo razonable el examen y decisión” en materia procesal y de ejecución penal, para hacer efectiva la “adecuación” de la Ley de Víctimas.

El lunes 4 de mayo, un mes atrás antes de la posible sesión, el máximo tribunal revocó el habeas corpus colectivo al que había hecho lugar el juez del Tribunal de Casación Penal bonaerense Víctor Violini, que otorgaba beneficios procesales a presos bonaerenses que integraran grupos de riesgo y hayan sido condenados por delitos leves, y pidió abordar el tema en la Legislatura.

Además del pedido de endeudamiento de Kicillof, el otro foco de atención estará puesto en el reclamo de las víctimas. Si consigue avanzar en los consensos necesarios para aprobar un proyecto, entonces el retroceso sólo habrá sido para tomar envión.

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