El Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de la Argentina (Cofeci) presentó una propuesta al Gobierno para que se subsidie a los inquilinos que no puedan afrontar el pago mensual de la renta a través de una tarjeta, a la que denominaron “AlquilAr”.
La iniciativa, que incluye el pedido de que no vuelva a prorrogarse el DNU que congela alquileres, fue definida el fin de semana pasado, en una reunión plenaria de las entidades que conforman el Consejo, en la ciudad de Rosario.
La idea es que aquellas personas que no puedan pagar los alquileres reciban una ayuda desde el Gobierno nacional para financiar la renta habitacional, que comprende cerca de un 45% del salario mensual de los locatarios, según una encuesta de Inquilinos Agrupados.
El Cofeci resaltó que “los profesionales inmobiliarios somos conscientes de que hay personas y familias que viven situaciones delicadas, con pérdidas de la fuente laboral, acumulación de deudas y sin acceder a soluciones reales”.
El Consejo recordó que el valor de los alquileres está “congelado” mediante un DNU que prohíbe los desalojos, extendido en marzo y prorrogado ya dos veces, por lo que advirtió que “continuar con la prórroga indefinida profundiza la problemática de los inquilinos, propietarios e inmobiliarios”.
En ese contexto, desde la entidad que nuclea a inmobiliarias afirmaron que intentan “resolver esta delicada situación” y “ser parte de la solución”, por lo que promovieron “que una vez vencido el plazo del decreto 66/2021”, que mantiene el precio de los alquileres a marzo de 2020, no se vuelva a extender.
En ese sentido, el Cofeci propuso como medida “que los inquilinos con necesidades para abonar el alquiler puedan ser asistidos por el Estado Nacional a través de una ‘tarjeta AlquilAR’”.
La idea, según el Consejo de inmobiliarios, es que la subvención funcione “de la misma manera” en que se cubre a “las familias en sus necesidades alimenticias a través de distintos programas, como por ejemplo la tarjeta AlimentAr”.
Por lo mismo, la representación de inmobiliarias aclaró que confían en que “esta iniciativa podría ayudar de manera específica a cada inquilino en situación vulnerable, sin perjuicio de distorsiones en todo el sistema de alquileres”.
Además de la tarjeta, los martilleros reunidos en Cofeci sugieren “aplicar los programas de financiamiento Ahora 18 y 24 para aquellos inquilinos que hayan generado deudas durante la prórroga del DNU”.
En este marco, la lista de planteos continúa con ideas relativas a la construcción de casas para la renta, puesto que desde el Consejo promovieron “la eximición de impuestos nacionales y provinciales a las unidades habitacionales de hasta 60m2 destinadas para alquiler, construidas en el término de 9 años”.
El argumento del organismo que nuclea martilleros de todo el país es que con la quita de impuestos, se lograría “incentivar la construcción de nuevas viviendas”, lo que consideraron como “un aporte fundamental para disminuir el déficit habitacional” con más mano de obra genuina y la compra nacional.
Finalmente, el Colegio instó a “que se reactive la entrega de las viviendas de los distintos programas nacionales, como por ejemplo Procrear, que posee miles de unidades habitacionales construidas listas o a terminar para ser habitadas”.
La intención del Cofeci es que la entrega de casas impacte “de manera muy positiva en las familias que siguen pagando alquiler, mientras esperan acceder a la vivienda prometida”.
Cabe recordar que el Consejo de inmobiliario está integrado por los colegios inmobiliarios de la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires (más de 20 colegios profesionales), Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Rosario, Salta y San Luis.
El Cofeci no es la única agrupación que propuso soluciones para garantizar aumentos en la renta. La Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA) y la Federación Inmobiliaria Argentina (FIRA) también están trabajando en iniciativas del mismo tipo.
Según el secretario de la CIA, Claudio Vodanovich, se trataría de “propuestas que buscan convertir a inquilinos en propietarios” por lo que “promovemos que se generen incentivos al que invierte en una propiedad para poder destinarla al alquiler”.
En esa línea, Vodanovich evaluó que “los inquilinos que no pudieron hacer frente a los pagos” son la minoría, ya que “las inmobiliarias nos dedicamos a administrar y cobrar los alquileres y sabemos que el estado de las cobranzas es muy alto”.
El debate por una solución a la discusión sobre los costos de un arrendamiento tomó fuerza en las últimas semanas, cuando el Gobierno nacional reglamentó el Registro Obligatorio de Alquileres en AFIP, según lo establecido en la nueva ley de Alquileres, sancionada en julio del año pasado.
