Tal como anticipó Diputados Bonaerenses, el viernes pasado a última hora el oficialismo ingresó a Diputados el proyecto para modificar la ley de financiamiento de partidos políticos. La presentación del texto surgió como otra reacción para relativizar el escándalo de los presuntos aportantes truchos que investiga la Justicia en tres causas paralelas.
Según indicaron fuentes de Cambiemos, en calle 6 también trabajan en la redacción de un texto similar que será presentado en la Legislatura bonaerense “de un momento a otro”. En tanto, desde la oposición ya cuestionan la iniciativa, especialmente la habilitación del financiamiento por parte de las empresas.
“El proyecto es muy malo, es para resolver el problema que tiene Cambiemos en la Justicia, que es gravísimo. Es lavado de dinero, tema en el que son expertos. Son unos inmorales y lo que tienen que hacer es demostrar cómo financiaron la campaña”, evaluó la diputada massista Graciela Camaño.
Por el momento, las irregularidades en Cambiemos, involucran a unos 500 beneficiarios de la AUH y cerca de 350 monotributistas sociales que figuran como aportantes, afiliados al PRO que dijeron que no lo sabían y otros casos como el del intendente de Mar del Plata, Carlos Arroyo, que aparecen en la lista pero niegan haber puesto dinero para la campaña.
La diputada del Frente Renovador hizo foco en la habilitación de donaciones a las personas jurídicas. “No deben aportar porque genera compromisos, en el texto ni siquiera hay límites para las que dependen del Estado”, dijo. Entre los cambios que propondrán estará la creación de un fondo común para aportes privados.
“Es válida la discusión, pero ningún debate puede tapar la necesidad de determinar responsabilidades en la denuncia de los aportes falsos de Cambiemos. La Justicia debe pronunciarse rápidamente sobre esta cuestión”, dijo Pablo Kosiner, titular del interbloque Argentina Federal.
El jefe de la bancada de los gobernadores también puso el foco en las donaciones de las empresas. “El modelo de Salta es muy positivo porque prioriza el financiamiento público en publicidad gráfica, radial, televisiva, y no hay gasto en boletas. Darle preeminencia al financiamiento privado puede ser muy peligroso”, advirtió Kosiner.
Para el oficialismo parece que será complicado avanzar con ese punto. Desde el bloque de Unidad Ciudadana presentaron un proyecto en el que se prohíbe los aportes de las empresas, por lo que ese bloque tampoco lo avalaría. El texto lleva la firma del diputado nacional Máximo Kirchner.
Por las inconsistencias en Cambiemos se iniciaron tres causas por presunta falsedad ideológica y lavado de dinero: una investigación del fiscal electoral Jorge Di Lello, otra a partir de una denuncia de la senadora Teresa García en el juzgado N° 3 de La Plata y una tercera impulsada por Gustavo Vera en el juzgado de Sebastián Casanello.
Asimismo hay dudas con la incorporación del artículo 7 bis en las modificaciones propuestas a la ley 26.215, que da cuenta de que “los partidos políticos reconocidos podrán solicitar al Ministerio del Interior aportes extraordinarios destinados a cubrir gastos no electorales y no contemplados en el desenvolvimiento institucional”.
“No queda claro el sentido ni el destino de esos fondos. Es una falta de respeto, ahora están apurados”, fustigaron cerca del ex intendente de Tigre.
