ATE anunció cese de tareas y una marcha hacia el ministerio de Sturzenegger en reclamo de aumentos salariales en el PAMI.
Los trabajadores estatales del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) retomaron su plan de lucha con cese de tareas y una marcha convocada para este jueves hacia el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció que el personal lleva más de un año con los salarios congelados y que la última oferta del Gobierno “profundizó el conflicto”.
En ese marco, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, explicó que las medidas de fuerza responden al deterioro del poder adquisitivo de los empleados producto del congelamiento salarial. “El último incremento lo tuvimos en octubre del año pasado y fue de un 3,5%. En estos doce meses se ha deteriorado de manera grave el poder de compra de los ingresos”, sostuvo el dirigente.
Según explicó el delegado de la obra social previsional, Daniel Sánchez, los empleados del organismo no perciben una recomposición salarial desde hace once meses y advirtieron que la falta de diálogo por parte de las autoridades agravó el conflicto laboral.
Según fuentes gremiales, el Ejecutivo ofreció una suba del 3% a pagar en tres cuotas —1,2% en octubre, 0,8% en noviembre y 0,8% en diciembre—, sin embargo, los trabajadores rechazaron la propuesta por “insuficiente” y la consideraron “una provocación” que agravó la tensión dentro del organismo.
Frente a este escenario, el plan de acción prevé ceses de tareas este martes 28, de 12 a 14 horas, y el miércoles 29, de 11 a 14. En tanto, el jueves 30, los gremios marcharán desde la sede central de PAMI hasta el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger.
La movilización incluirá la participación de los sindicatos APPAMIA, SUTEPA y UTI, que también representan a los empleados del PAMI, con el objetivo de visibilizar la pérdida de más del 60% del poder adquisitivo en el último año y reclamar “una recomposición que reconozca el esfuerzo de quienes sostienen el funcionamiento del instituto”.
“Esta política de recorte no sólo afecta a los más de 12 mil trabajadores, sino que también impacta negativamente en la atención de más de 5 millones de jubilados afiliados al instituto en todo el país”, afirmó Aguiar.
Por último, la dirigencia sindical anticipó que las medidas podrían extenderse si el Gobierno no convoca una nueva negociación con una oferta superadora. Desde ATE advirtieron que “la paciencia de los trabajadores se agotó” y que el conflicto “trasciende lo gremial”, puesto que el desfinanciamiento del instituto nacional, “afecta a toda la estructura de atención sanitaria y previsional del país”.
Mientras los trabajadores reclaman por salarios congelados, el Gobierno nacional selló un préstamo por 500 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para fortalecer el desarrollo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), en medio de denuncias por presuntas irregularidades en la gestión del organismo previsional.
El decreto, que lleva las firmas del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, designó al PAMI como órgano ejecutor de los fondos, bajo la modalidad de Préstamo Basado en Resultados (PBR). El esquema condiciona los desembolsos al cumplimiento de metas específicas en tratamientos oncológicos, enfermedades crónicas y mejoras en la estructura institucional.
Sin embargo, la gestión del actual titular, Esteban Leguizamo, se encuentra bajo la lupa por la adjudicación de contratos millonarios con sobreprecios y procedimientos cuestionados. Entre ellos, un convenio de 450 millones de dólares para la compra y distribución de pañales, que habría implicado un 20% de sobreprecio y restricciones a la competencia.
En paralelo al conflicto gremial con la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el organismo previsional también enfrenta críticas por su administración interna y falta de transparencia. De esta manera, mientras el Gobierno promete “fortalecer el sistema sanitario” con apoyo internacional, los gremios advierten que el desfinanciamiento y las irregularidades ponen en riesgo la atención de más de cinco millones de jubilados.