La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó este miércoles a un paro nacional acompañado de movilización contra el decreto de necesidad y urgencia (DNU) n° 462/2025, que pretende desguazar un puñado de organismos claves, en medio de la sesión especial donde diputados de la oposición pretenden declarar la nulidad del veto presidencial.
Es que, a principios de julio, a través de un DNU, el Gobierno pretende reestructurar, fusionar y disolver organismos claves como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Semillas (INASE), el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar (INAFCI), entre otros.
En ese marco, este miércoles, el gremio que nuclea a los trabajadores estatales encabezará un paro de 24 horas acompañado de una movilización hacia el Congreso nacional para pedirle a los legisladores nacionales que deroguen el decreto que modifica diversos organismos estratégicos para el país.
“Cada distrito del país podrá definir la metodología de protesta para adherir a esta jornada, considerándose los ceses de tareas, retiros de los lugares de trabajo a partir del mediodía, asambleas, acampes y cortes de rutas, entre otras”, afirmó el sindicato de estatales.
En efecto, ATE marchará a partir de las 12:00 horas frente al Congreso, para “exigir a los diputados que rechacen los vetos del presidente Milei a la extensión de la moratoria previsional, el aumento a jubilados y la Ley de Emergencia en Discapacidad”, mientras que al Senado para que convoque a una sesión especial para anular el DNU 462.
“Estamos cerca de frenar la motosierra. Tenemos que seguir movilizados. Ahora le toca al Senado votar para voltear los decretos truchos de (Federico) Sturzenegger y así salvar todos los bienes del Estado”, manifestó el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, tras subrayar que sin facultades delegadas, la administración mileísta pierde fuerza.
En esa línea, Aguiar ratificó: “Ahora es cuando tenemos que frenar e impedir el remate de todo el patrimonio estatal. Tenemos que seguir en la calle para lograr que el Congreso decida que no nos gobiernen por decreto y le ponga freno así a la degradación de nuestra democracia”.
ATE denuncia que Milei aplica un régimen “ilegal” para achicar el Estado
ATE presentó una medida cautelar ante la Justicia para suspender las resoluciones de los ministerios de Capital Humano, Economía y Desregulación y Transformación del Estado que disponen el pase a disponibilidad de cientos de trabajadores. El gremio denunció que la medida vulnera el derecho a la estabilidad laboral y exigió al Gobierno que convoque de manera urgente a una mesa de negociación para reubicar a los afectados.
En ese sentido, Aguiar calificó el régimen implementado por la gestión de Javier Milei como “manifiestamente ilegal” y sostuvo que las resoluciones ministeriales son “inválidas, arbitrarias y violan derechos laborales” amparados por la Constitución Nacional. En ese sentido, remarcó que el pase a disponibilidad es una figura excepcional que requiere la supresión real de funciones, algo que, según el gremio, no ocurrió.
La acción judicial fue presentada por los equipos jurídicos de ATE Nacional y ATE Capital ante el Juzgado Contencioso Federal. En el escrito, el sindicato advirtió que ni las facultades delegadas ni la Ley Bases justifican “este pisoteo al derecho a la estabilidad en el empleo público” y reclamó que se reviertan los casos de disponibilidad, reubicando a los trabajadores en sus funciones originales o en puestos similares.
Además, Aguiar denunció que el Poder Ejecutivo “está excedido en sus atribuciones” y cuestionó que sea el propio empleador quien defina la “dotación óptima” del personal, algo que consideró discrecional y contrario a la normativa vigente. También recordó que, desde el inicio del actual gobierno, la Justicia ya falló en varias oportunidades a favor de los trabajadores del sector público, señalando que el Ejecutivo actúa “contra la Constitución y al margen de la ley”.
Para el gremio, las últimas reconfiguraciones de organismos no cumplen con los requisitos legales para disponer la disponibilidad de personal, ya que no se trata de cierres definitivos sino de reestructuraciones internas. Por eso, consideran que la medida es inconstitucional y un intento de avanzar en el desmantelamiento del Estado sin aval normativo.
