Más de un centenar de odontólogos realizaron un bocinazo por el centro de la ciudad de Bahía Blanca, en el marco de una protesta nacional en reclamo de "aranceles dignos, protocolos de bioseguridad y la declaración de profesión de riesgo" en el marco de la pandemia por el coronavirus (COVID-19).
A bordo de automóviles y camionetas, la manifestación convocada por la Unión Nacional de Odontólogos Argentinos comenzó en el Paseo de la Mujer y desde allí, tras recorrer varias cuadras, culminó frente al Palacio Municipal, en pleno centro de la ciudad.
En ese sentido, los profesionales transitaron las calles céntricas de Bahía Blanca portando guardapolvos, distintos carteles y globos negros para visibilizar sus demandas: “No podemos ni debemos financiar a las obras sociales" y exigimos una jubilación digna, hoy $12.000”.
En esa misma línea, uno de los odontólogos que ofició de vocero durante la protesta, Martín Uzal, indicó que piden ser reconocidos como trabajadores de riesgo en medio de la pandemia por el nuevo virus y apuntó contra las obras sociales.
"Estamos reclamando que sean reconocidos los aranceles obligatorios impuestos por Ley, que la profesión sea reconocida como de riesgo y que todos los insumos de bioseguridad para la atención del paciente sean reconocidos por obras sociales y hasta las prepagas", dijo Uzal.
Según el profesional, los odontólogos no son considerados desde hace mucho tiempo como de riesgo, aunque ese estatus es "más que justo" porque trabajan donde se origina el problema que es en la boca de los pacientes donde hay muchos fluídos.
"Más allá de que las obras sociales no cubren las consultas, no arreglaron el convenio y cuando este está por debajo de lo que indica la ley, estás haciendo un cobro indebido porque nuestra ley dice $ 2.500 y tienen que pagar $ 2.500”, señalaron.
En el marco del aislamiento social por la pandemia de coronavirus, la atención está limitada a cinco horas diarias y a solo 4 y 5 pacientes por carácter de urgencia o preventivo y seguimiento de enfermedades crónicas y sus ingresos disminuyeron considerablemente.
"Nuestra ley dice $ 2.500 y tienen que pagar $ 2.500. Lo que se hace es cobrar lo que corresponde, entregarle un papel al paciente y que gestione el reintegro en la obra social. En la obra social les reintegran el 80 % de lo que dicen que nos iban a pagar a nosotros", concluyeron.
