En las últimas horas, la diputada Romina Braga presentó un proyecto de declaración en la Legislatura bonaerense para solicitar el urgente traslado del depósito judicial de vehículos que funciona en la sede de la Dirección de Vialidad de la provincia de Buenos Aires ubicada en el partido de Morón, al argumentar que genera un grave impacto ambiental, sanitario y urbano en la zona.
En ese sentido, la legisladora de la Coalición Cívica denunció que el predio donde se encuentra el depósito de autos en Morón presenta “un estado de abandono preocupante”, al tiempo que representa una amenaza para la salud de la comunidad del municipio que integra el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
En los fundamentos del proyecto, Braga remarcó que el terreno está ubicado en una zona altamente sensible, muy próxima al Arroyo Morón y al Río Reconquista, dos cursos de agua que ya enfrentan altos niveles de contaminación. En tanto, la acumulación descontrolada de vehículos, en su mayoría siniestrados o abandonados por procesos judiciales, representa un foco permanente de contaminación debido a las sustancias tóxicas que liberan, como aceites, ácidos, combustibles y otros residuos peligrosos.
Además del impacto ambiental directo, la legisladora de la Coalición Cívica advirtió que el lugar también constituye una amenaza sanitaria. “El agua estancada en los vehículos y en las partes que los rodean favorece la proliferación de mosquitos, vectores de enfermedades como el dengue, y roedores, lo que incrementa los riesgos para la salud pública”, explicó Braga en el escrito que ingresó a la Legislatura bonaerense.
En consonancia con el reclamo del concejal de Morón Francisco Mones Ruiz, la diputada lilita exigió una “intervención urgente” del Ejecutivo bonaerense a cargo de Axel Kicillof, para sanear el predio ubicado en el partido de Morón y trasladar el depósito de autos que funciona allí a una zona más adecuada para almacenar vehículos en estado de abandono.
Por caso, Braga recordó que la situación actual no fue incluida en el reciente proceso de licitación pública que el Gobierno bonaerense lanzó para la limpieza y el saneamiento del Arroyo Morón, lo que consideró un error estratégico de la administración. “No se puede pensar en una recuperación ambiental seria del arroyo sin abordar los focos de contaminación adyacentes como este”, argumentó.
En ese contexto, Braga solicitó que el Gobierno de la provincia de Buenos Aires modifique el pliego licitatorio, o en su defecto que se adopten medidas paralelas para integrar el predio en cuestión dentro del plan general de saneamiento que comenzó a pensarse para el municipio de Morón.
En rigor, Braga puntualizó en su iniciativa que la acumulación de vehículos abandonados “genera un alto riesgo ambiental por la liberación de sustancias nocivas como productos derivados de la oxidación férrica por corrosión, contenido líquido de baterías con ácido sulfúrico, aceites, combustibles residuales, entre otros”.
En ese marco, la diputada bonaerense instó en que el Gobierno de la provincia de Buenos Aires debe avanzar en un plan de traslado que contemple un espacio nuevo para la guarda de vehículos judicializados, pero con condiciones ambientales y sanitarias apropiadas. Al mismo tiempo, Braga propuso que el Ejecutivo trabaje de manera articulada con el municipio de Morón, el Comité de Cuenca del Río Reconquista (COMIREC) y organizaciones de la sociedad civil que denuncian la situación desde hace tiempo.
En los fundamentos del escrito, Braga aclaró que su propuesta no se limita sólo al traslado del mencionado depósito de autos en Morón, sino que también busca una recuperación integral del espacio actual. Para ello, sugirió que, una vez removidos los vehículos, se lleve a cabo un proceso de limpieza, descontaminación y remediación del suelo, seguido por un proyecto de reurbanización que priorice el uso comunitario y ambiental del terreno.
Finalmente, en su proyecto la diputada bonaerense señaló que el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a un ambiente sano, tal como lo establece la Constitución Nacional y la legislación provincial vigente: “No podemos seguir naturalizando la existencia de predios que funcionan como basurales tóxicos a cielo abierto en medio de zonas urbanas densamente pobladas. Es hora de actuar con responsabilidad”, concluyó.
