Este jueves, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, adelantó que impulsará una ley para expulsar a los extranjeros que, sin tener residencia en la Argentina, cometen delitos, a la vez que desafió a los organismos de derechos humanos que rechazan estas ideas.
De esta manera, la Ministra adelantó que, después de que se vote la Ley Ómnibus, buscará “cambiar las leyes” con el objetivo de que “extranjeros que delinquen en Argentina y son irregulares, se vayan del país”, a la vez que aseguró que “tienen que cumplir una pena, porque si no, irse del país sería como una salvación”.
Es preciso mencionar que, los dichos de Bullrich, tuvieron lugar al ser consultada por la toma de terrenos en el partido bonaerense de La Matanza en la que cinco personas murieron como producto de una balacera, por lo que también apuntó contra el gobernador, Axel Kicillof, al conocer que había una orden de desalojo sobre las tierras.
“Si a mí me dan la orden de desalojo, mañana te lo desalojo, ni bien en cualquier terreno entra la primera usurpación, afuera”, apuntó la Ministra, que también fustigó: “¿de qué derechos humanos estamos hablando? Que vengan en fila uno atrás de otro a decirnos lo que tenemos que hacer para salvarle la vida a los argentinos”.
A su vez, cabe destacar que, Bullrich, esta semana también pidió a la Justicia que se expulse a los extranjeros que delinquen y no tengan residencia legal, una solicitud reclamada anteriormente por el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, y el ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff.
Por otro lado, vale recordar que, durante el Gobierno del exjefe de Estado, Mauricio Macri, el gabinete de ministros firmó un decreto para modificar la Ley de Migraciones, con la que se creó un “procedimiento migratorio especial sumarísimo” para negar el ingreso y deportar extranjeros con mayor agilidad.
La medida de expulsión de extranjeros, fue derogada por el expresidente de la Nación, Alberto Fernández, en 2021, al señalar que los argumentos del Gobierno anterior tenía aspectos “irreconciliables” con lo que se sostiene en la Constitución Nacional y con el sistema internacional de derechos humanos.
En ese sentido, el Gobierno de Fernández argumentó que, entre las contradicciones, se encontraban “la violación al principio del debido proceso, al derecho a contar con asistencia y defensa legal, la restricción a un control amplio y suficiente del poder judicial sobre los actos de la autoridad administrativa”, entre otras.
