La ley provincial 14.897 sancionada a finales de 2016 en la Legislatura que obliga a las empresas de colectivos a instalar cámaras de seguridad en las unidades que circulan dentro del territorio bonaerense y prevé inhabilitaciones para aquellas que no la cumplan, todavía no está reglamentada.
Así lo confirmó el presidente de la Comisión de Trasporte de la Cámara de Diputados, Martín Dominguez Yelpo, en diálogo con Diputados Bonaerenses. “Tenemos la ley aprobada de las cámaras de seguridad en las unidades, falta reglamentarla”, aseguró.
Las declaraciones de Yelpo, que además de ser diputado de Cambiemos por la quinta sección electoral, es dirigente de la UTA en Necochea e hijo de Daniel Domínguez, número dos de Roberto Fernández en la conducción nacional del sindicato, se dieron horas antes del asesinato del chofer de la línea 620 en Virrey del Pino, partido de La Matanza.
“Queremos profundizar estas medidas. Es algo que, junto a la Gobernadora Vidal, nos preocupa y nos ocupa”, sostuvo Yelpo a este portal en la apertura de la comisión que preside la semana pasada.
Sin embargo, pese a la preocupación y las promesas de avanzar en este sentido, la norma a casi un año y medio de sancionada todavía no se cumple. A mediados de 2016 el propio ministro de Seguridad provincial Cristian Ritondo, tras la muerte de un colectivero de la línea 514 en Claypole, había anunciado su reglamentación.
Naturalmente, no es posible afirmar que si la unidad que manejaba Leandro Miguel Ancaráz hubiese tenido cámaras el asesinato se hubiese frustrado, pero sí por lo menos se contaría con datos para identificar a los dos sospechosos que por estas horas siguen prófugos.
