El Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº7, encabezado por Enrique Lavié Pico, resolvió que el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, incorpore en un plazo de tres días a 66 comedores comunitarios que integran la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) de Juan Grabois, en los programas alimentarios vigentes.
El fallo judicial responde a un amparo colectivo presentado en febrero por el
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la UTEP, que busca garantizar el derecho a la alimentación de sectores vulnerables. Según el juez, el incumplimiento del plazo establecido podría derivar en sanciones para Capital Humano, aunque estas no fueron especificadas.
La resolución subraya la importancia de garantizar el acceso a alimentos básicos en un contexto de crisis social. Desde las organizaciones denunciantes señalaron que la situación se agravó desde diciembre de 2023, cuando asumió el gobierno de Javier Milei y se interrumpió la asistencia alimentaria a los comedores comunitarios.
En una reciente audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Alejandro Gramajo, secretario general del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), acusó al Gobierno nacional de llevar adelante un “plan de miseria planificada”. Según el dirigente, la falta de alimentos en los comedores impacta especialmente en mujeres, niños y personas mayores, agravando la crisis humanitaria.
Por su parte, desde Capital Humano argumentaron que los convenios con “El Amanecer de los Cartoneros” vencieron en octubre de 2024 y que la renovación estaba condicionada a la presentación de la documentación faltante y la evaluación de un relevamiento en territorio.
A principios de noviembre, la cartera que conduce Pettovello, comunicó que 11 de los 77 espacios gestionados por la organización no funcionaban como comedores. Sin embargo, respecto a los otros 66, indicaron que serían visitados para evaluar su inclusión en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos (RENACOM).
En este marco, el juez Lavié Pico consideró que el tiempo transcurrido desde la comunicación fue suficiente para completar el proceso, al tiempo que criticó las respuestas dilatorias de Capital Humano y destacó que el derecho alimentario no puede postergarse.
Los referentes sociales cuestionan la versión de Capital Humano
Por su parte, Diego Morales, director de litigio del CELS, señaló que esta es solo una de las medidas cautelares obtenidas para garantizar alimentos a los comedores. Según explicó el letrado, desde febrero obtuvieron fallos favorables en varias instancias, pero el Ministerio que lidera Pettovello continuó apelando las decisiones judiciales.
En ese sentido, Morales denunció que, pese a los fallos previos, el gobierno de Javier Milei no ha cumplido con las medidas cautelares dictadas en julio, que obligaban a entregar alimentos a los comedores afectados. “El Estado sigue negándose sistemáticamente a garantizar un plato de comida diario para las personas que dependen de estos espacios”, afirmó.
En su defensa, Capital Humano presentó un informe en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el que aseguraron haber ejecutado más del 82% del presupuesto anual destinado a políticas alimentarias. Asimismo, desde el Ministerio nacional destacaron el incremento en la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Prestación Alimentar, extendiendo su cobertura a más de 600.000 adolescentes.
Sin embargo, las organizaciones sociales cuestionaron que estas medidas no contemplan la real situación de los comedores comunitarios. Según precisaron distintos referentes sociales, estos espacios son esenciales para garantizar el acceso a alimentos de miles de familias afectadas por la crisis económica.
En diciembre de 2023, cuando Javier Milei asumió, muchos comedores dejaron de recibir la asistencia que hasta entonces garantizaba el acceso a alimentos básicos producto del plan de ajuste implementado por la actual administración nacional. La situación se agravó con el paso de los meses, aumentando la cantidad de personas que dependen de estos espacios.
Finalmente, el Ministerio de Capital Humano, consultado por este medio, no emitió comentarios sobre el fallo al cierre de esta nota. Mientras tanto, según advierte el CELS, el Gobierno nacional deberá actuar con urgencia para cumplir con la resolución y evitar nuevas acciones judiciales.