El rechazo en el Congreso del veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad desató un nuevo conflicto institucional para el gobierno de Javier Milei. Si bien el Ejecutivo quedó forzado a promulgar la norma, la dilación en el proceso encendió la reacción opositora y desembocó en una denuncia penal que quedó en manos del juez Sebastián Casanello.
En ese sentido, los diputados nacionales Esteban Paulón, de Hacemos por Nuestro País, y Mónica Fein, del Partido Socialista, denunciaron tanto a Milei, como también a su jefe de Gabinete, Guillermo Francos y otros dirigentes nacionales por incumplimiento de deberes de funcionario público.
“Queremos saber por qué el Gobierno está demorando la publicación oficial de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Necesitamos que las familias comiencen a percibir sus pensiones. Terminen con la crueldad”, expresó Paulón a través de sus redes sociales.
En ese contexto, la los denunciantes fueron notificados oficialmente el viernes por la tarde. La denuncia también alcanzó a la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, y al director del Registro Oficial, Walter Rubén González. “Se procedió a realizar el ingreso de la denuncia, quedando asignada por sorteo al Juzgado Federal 11“, informaron desde la Justicia de Comodoro Py.
Por su parte, Guillermo Francos echó más leña al fuego con duros cuestionamientos sobre la viabilidad presupuestaria de la norma. “Vamos a promulgar la ley como corresponde. También es cierto que el Congreso cuando sanciona una ley debe establecer de dónde salen los recursos”, sostuvo el funcionario, y buscó deslindar responsabilidades a la Jefatura de Gabinete.
En línea con los dichos del ministro coordinador, la Casa Rosada también respondió con enojo y desestimó las acusaciones de la oposición. “Lo de Paulón es una vergüenza. El Poder Ejecutivo tiene tiempo hasta el martes para implementar y promulgar la ley. Está haciendo gastar recursos sin sentido al Poder Judicial cuando ni siquiera se cayeron los plazos”, replicaron fuentes oficiales.
En tanto, la discusión legislativa sobre los plazos de implementación también generó tensión con el Gobierno libertario. En ese sentido, el diputado Daniel Arroyo, autor de la norma, demandó que el Ejecutivo transfiera los fondos comprometidos y que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) actualice de inmediato, el nomenclador de prestaciones. “Mi opinión es que tienen diez días para promulgarla, y eso es el martes que viene, donde automáticamente tienen que ponerla en marcha”, expresó.
En simultáneo, el trasfondo del conflicto lo marca la urgencia social de beneficiarios y prestadores de servicios a personas con discapacidad. En este contexto, una pensión por invalidez laboral equivale a $224.194,02 más un bono extraordinario de $70.000, mientras que una maestra de integración cobra apenas 3 mil pesos por hora, y recién a los 180 días de trabajo.
“Esta ley que se enmarca en una situación de emergencia para las personas con discapacidad y que posee respaldo de diversas convenciones internacionales, en los hechos se convierte en letra muerta debido a conductas tendientes al incumplimiento del mandato constitucional”, advirtieron los diputados denunciantes.
En qué consiste la Ley de Emergencia en Discapacidad
Además de prorrogar hasta diciembre de 2026 la Emergencia en Discapacidad, la Ley en cuestión también establece la regularización de pagos, como así también la actualización mensual de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral, al que declara de interés público nacional.
Por otra parte, la normativa de alcance nacional reforma el sistema de pensiones no contributivas con el fin de garantizar un financiamiento adecuado y regular las condiciones tanto de acceso como de permanencia en el beneficio por discapacidad.
Asimismo, la ley busca un fortalecimiento institucional para mejorar la base de datos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y realizar nuevas auditorías periódicas para identificar y resolver problemas en la gestión de prestaciones.
Un dato no menor es que la Ley de Emergencia en Discapacidad tuvo un amplio respaldo de radicales y fuerzas provinciales, que en su momento acompañaron al Gobierno de Javier Milei en la Ley Bases, lo que refleja la crisis política que atraviesa el oficialismo libertario a pocas semanas de los comicios legislativos nacionales.
