La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) le entregó este martes al juez de Dolores Alejo Ramos Padilla un peritaje que confirma “nuevos indicios sobre posibles vínculos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), y advierte que en el esquema operativo se involucraba a actores de la justicia provincial y federal e incluso a periodistas”.
El informe fue pedido por el magistrado que tiene a cargo la causa que analiza la presunta red de espionaje ilegal a comienzos de año para ver si era posible determinar parte de la operatoria de la banda. En términos generales el documento confirma la existencia de una red de inteligencia ilegal.
“Los documentos permiten observar con claridad cómo funcionaba lo que se denomina ‘el ciclo de inteligencia’, un complejo proceso mediante el cual se recolectaba información, se la procesaba y analizaba para finalmente ponerla en circulación y hacerla pública”, explicaron desde la CPM.
En esa línea, exponen que “todo esto sucedía bajo una planificación estratégica y un patrón de comportamiento común que tenía varios objetivos”. Según detallan, “esta red desplegaba acciones que iban de la extorsión mediante el pedido de coimas o sobornos hasta el condicionamiento de testigos para sumar, a través de testimonios bajo la figura del imputado colaborador o arrepentido, información falsa en determinadas causas judiciales”.
En este marco, el informe de la CPM confirma la participación de Marcelo D’Alessio en estas tareas de inteligencia, reconoce el hallazgo de nuevos indicios sobre posibles vínculos con la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), y advierte que en el esquema operativo se involucraba a actores de la justicia provincial y federal e incluso a periodistas.
En esa dirección, uno de los puntos novedosos del informe “constata que las actividades ilegales de inteligencia desplegadas por D´Alessio junto a otros ex agentes tenía entre sus objetivos principales influir en la opinión pública a través de los medios de comunicación”.
“A esto agrega además la existencia de un dispositivo recurrente de publicación de la información que se obtenía de acciones ilícitas de vigilancia y espionaje”, detallaron desde la CPM y agregaron: “Las vulneraciones a la legislación nacional en materia de inteligencia y el uso indebido de los instrumentos de investigación criminal, advierten sobre la potencial violación de garantías constitucionales y de pactos y convenciones internacionales de Derechos Humanos”.
Participaron de la delegación que hizo entrega del documento Adolfo Pérez Esquivel, presidente, Víctor Mendibil, Ernesto Alonso y Roberto Cipriano García, integrantes de la CPM, Sandra Raggio, directora general, y los directores Rodrigo Pomares y Federico Schmeigel.
Así, la expertise de la CPM en materia de análisis y peritaje de documentos vinculados con acciones de espionaje ilegal se remonta al año 2001, cuando recibió mediante ley provincial 12642 el archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, para su guarda, preservación y gestión.
