El Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, pidió que se lleve adelante un juicio político contra los jueces del Tribunal en lo Criminal Nº1 de Mar del Plata "por mal desempeño" en sus funciones, al no tener en cuenta la perspectiva de género en el juicio por el femicidio de Lucía Pérez.
En su pedido oficial al secretario Permanente del Jurado de Enjuiciamientos de Magistrados y Funcionarios de la Provincia, Ulises Gimenez, Lorenzino apuntó contra los jueces Aldo Daniel Carnevale, Pablo Javier Viñas y Juan Facundo Gomez Urso, quienes en el juicio por la muerte de la menor en 2016 condenaron por venta de estupefacientes a los imputados pero los absolvieron por abuso sexual y encubrimiento.
“En la sentencia se revelaron estereotipos sexistas y discriminatorios, donde nos encontramos con un juicio sobre la vida de Lucía en lugar de un análisis de la conducta de los acusados, es un fallo que refleja el mal desempeño de los magistrados porque las normas que protegen los derechos de las mujeres fueron utilizadas en contra de la víctima”, sostuvo Lorenzino.
Para el Defensor del Pueblo, estos argumentos tienen que ver con que en la sentencia se tomaron en cuenta las comunicaciones privadas de la víctima, sus experiencias sexuales, su relación familiar, su tendencia al consumo de drogas, su labor escolar, sus relaciones de amistad, entre otros ejemplos.
En consecuencia, los magistrados utilizaron esa información de manera prejuiciosa para avalar la existencia de un supuesto consentimiento por parte de la víctima menor de edad, en una escena en la que participaron varios hombres adultos que comercializaban drogas en cercanías de instituciones educativas.
“La ausencia de la perspectiva de género al analizar el caso provocan una afectación del acceso a justicia de las mujeres y por ende una grave vulneración de los derechos tutelados como grupo vulnerable que no puede ser desconocida por magistrados cuyo deber es intervenir en estas causas conociendo y aplicando el derecho vigente”, planteó Lorenzino.
En simultáneo, el funcionario afirmó que la utilización de estereotipos sobre las conductas y la vida sexual de las mujeres y niñas “reproduce la violencia de género lo que lleva a la impunidad de los casos y esto se transforma en un mensaje de tolerancia contra la mujer, de modo que favorece su perpetuación y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad en las mujeres, así como una persistente desconfianza de éstas en la Justicia”.
Es así que, el pedido de jury se centra en la violación de tres artículos de la Ley 13.661, sobre las normas de procedimiento para el enjuiciamiento de magistrados y funcionarios, que definen como falta la incompetencia o negligencia demostrada para el ejercicio de sus funciones, el incumplimiento de los deberes inherentes a su cargo, y la realización de actos de parcialidad manifiesta.
“El accionar de estos jueces no puede ser tolerado en un Estado constitucional de derecho, que debe iniciar una investigación y proceder en caso de que así se decida a la destitución de los magistrados. Estamos frente a una sentencia que implica un grave retroceso en el ámbito de los derechos humanos”, finalizó Lorenzino.
