El fiscal federal Franco Picardi solicitó las primeras medidas de prueba de fondo e impulsó así la investigación para determinar si la AFIP ejerció "hostigamiento fiscal" contra la exsenadora y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos durante el gobierno de Mauricio Macri.
Se trata del expediente iniciado a través de una denuncia presentada por la actual titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, luego de una presentación realizada por la vicepresidenta tras anoticiarse de que durante el gobierno de Macri el ente recaudador había iniciado actuaciones en su contra de las cuales nunca había sido notificada.
A través de un dictamen de una docena de páginas, el fiscal Picardi le requirió al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi que requiera información a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y a distintos organismos del Poder Judicial.
La semana pasada, Marcó del Pont había presentado ante la justicia los resultados de las auditorías internas dispuestas en febrero después de las presentaciones formuladas por la expresidenta y allí se indicó que se había detectado "la posible comisión de ciertos hechos de abuso de autoridad”, por parte de la AFIP durante las gestiones del doctor Alberto Abad y del Ingeniero Leandro Cuccioli.
En aquella presentación se enumeraron al menos ocho tipos de irregularidades distintas que, según la denuncia, daban cuenta de la "presunta finalidad persecutoria contra la principal referente del espacio político opositor durante el período 2015-2019 y sus hijos".
En relación a las supuestas comunicaciones entre la AFIP y la justicia federal durante el gobierno de Cambiemos, la denuncia ponía el foco que se habían detectado “vías alternativas de comunicación” entre el ente recaudador y el juzgado federal 11 –entonces a cargo de Claudio Bonadio- y fiscalías federales.
La causa en la que la vicepresidenta interviene como querellante tramita precisamente en el juzgado que ocupó Bonadio hasta su muerte y ahora encabeza el juez Martínez de Giorgi; mientras que la fiscalía que impulsó la investigación está interinamente a cargo de Picardi porque su titular, Paloma Ochoa, se encuentra de licencia.
Las irregularidades
1. La iniciación y continuación, durante un año, de una fiscalización contra la exmandataria "sin siquiera intentar notificarla de manera efectiva" con un "llamativo aval de la fiscalía que había ordenado la determinación de la eventual deuda tributaria".
2. La persistente notificación ulterior a la vicepresidenta de lo actuado por la AFIP en un domicilio que no tenía vinculación alguna con ella.
3. Irregularidades en las determinaciones de deuda de la exjefa de Estado y de sus hijos Máximo y Florencia Kirchner.
4. La realización de una gran cantidad de consultas sistémicas sobre información fiscal de los tres contribuyentes aludidos sin fundamento legal siquiera aparente.
5. La intervención de funcionarios de AFIP distintos a aquellos que resultaban competentes.
6. La actuación de funcionarios de AFIP en causas judiciales en supuesta representación del organismo sin mandato para ello.
7. La creación, dentro de AFIP, de grupos de seguimiento y control de las actividades de contribuyentes específicos, sin respaldo legal suficiente.
8. La existencia de una actuación coordinada, con vías de comunicación alternativas y distintas a las formales, con juzgados y fiscalías federales.