Lejos de terminarse la pulseada por la suspensión de las clases presenciales con la resolución de la Corte Suprema de Justicia que le dio la razón a la Ciudad de Buenos Aires, en territorio bonaerense se espera que se abran nuevos capítulos y el intendente de Vicente López, Jorge Macri, podría ser uno de los protagonistas.
En rigor, el pronunciamiento del máximo tribunal del país podría llegar a cambiar el escenario en la provincia y ya tuvo sus primeras repercusiones en la respuesta que el municipio de Macri le dio a una jueza de San Isidro, que pidió informes para resolver una medida cautelar.
Se trata de una presentación que hizo el intendente en contra del decreto provincial 181/2021 que firmó Axel Kicillof para ratificar las restricciones impuestas semanas atrás por Alberto Fernández, entre ellas la suspensión de clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
La jueza en lo Civil y Comercial 12 de San Isidro, Estela Robles, solicitó al municipio que brinde precisiones sobre la capacidad hospitalaria, de testeo y de transporte para los docentes con la que cuenta, antes de resolver la medida cautelar que podría abrir el camino a nuevas presentaciones en la provincia.
En la respuesta, la Municipalidad aludió al fallo de ayer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que benefició a la ciudad de Buenos Aires en su amparo para continuar con la presencialidad en las escuelas, pese al decreto nacional que ordenó el dictar clases virtuales ante la suba de contagios de coronavirus.
Además, la administración de Jorge Macri sostuvo que puede realizar 150 test diarios, que hay un "protocolo" en caso de negativa de docentes a testearse, y puso a disposición el llamado transporte del "Bicentenario", una línea de colectivos municipal para llevar a los docentes a las escuelas.
También afirmó que el 87 por ciento de los docentes y no docentes viven en Vicente López, San Isidro y ciudad de Buenos Aires, "lugares que declararon esencial la educación", por lo que estaría permitido viajar en transporte público, y que el 65 por ciento tiene "movilidad propia".
Sobre la capacidad de atención del sistema de salud local, le aseguraron a la jueza que "es robusto", "abierto y solidario a todos los vecinos de la región y provincia de Buenos Aires". La intendencia de Macri insistió que la magistrada considere la posibilidad de otorgar la cautelar al menos para los establecimientos municipales.
Macri presentó un amparo para que se dicte una medida cautelar “ordenando la suspensión de los efectos del decreto 181/21 dictado el 17 de abril y los de la resolución 1208/21 del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros junto con su Anexo I y se disponga la continuidad de las clases presenciales hasta tanto se dice sentencia en autos”.
Vale recordar que Robles se había declarado incompetente y derivó la demanda a la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, la semana pasada este Tribunal rechazó su competencia originaria y devolvió las actuaciones al juzgado con orden de resolver.
El intendente de Vicente López insistió ayer en “sostener el reclamo para que los chicos vuelvan a la escuela” y reprochó al gobernador Kicillof que mantenga “una decisión que no resuelve el problema”, a la que definió como “una incoherencia que salta a la vista”.
Otros planteos judiciales por resolver
Por cuerda paralela, corre otra causa, presentada por el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, que siguió un camino parecido. También fue devuelta por la Corte provincial al tribunal de primera instancia, en este caso, el juzgado Civil y Comercial Nº 16 de San Isidro, quien todavía no se expidió.
El tercer planteo judicial es el impulsado por padres de alumnos de Tigre, que está en manos de la Corte. En este caso, se planteó la inconstitucionalidad del decreto de Kicillof y se pidió el dictado de una medida cautelar para restablecer el dictado de clases presenciales.
En ese caso, el máximo tribunal bonaerense no consideró admisible la cautelar, pero no se expidió sobre la acción de fondo, es decir, sobre la constitucionalidad del decreto del mandatario provincial. La Corte sostuvo al rechazar la cautelar que no se cumple “el requisito de verosimilitud”, ya que es el decreto nacional y no el de Kicillof “el que dispone la medida desencadenante del conflicto”.
La respuesta del Gobierno bonaerense
En el Ejecutivo bonaerense analizan que los votos que emitieron ayer los jueces supremos podrían generar una catarata de presentaciones de padres de alumnos que reclaman la presencialidad escolar para sus hijos e incluso abrir camino para los intendentes opositores, como Jorge Macri.
Por ese motivo, el primer mandatario bonaerense instruyó al ministro de Justicia, Julio Alak, y el secretario general de la Gobernación, Federico Thea, a diseñar la estrategia defensiva de la Provincia, en caso de que ese escenario se vuelva una realidad.
