El Ministerio de Educación de la Nación y la Secretaría de Derechos Humanos habilitaron un canal destinado a recibir denuncias de trabajadores de la educación y padres que hayan recibido presión para que sus hijos concurran a las escuelas y reciban clases de modo presencial.
La medida, se dispuso luego del reclamo de las familias y docentes que optaron por no asistir a las escuelas y respetar la resolución dispuesta por el Consejo Federal de Educación, que determinó en los distritos con “alerta epidemiológica” suspender la asistencia a los establecimientos educativos.
"Nos están negando el acceso a la educación de nuestros hijos. El 80% de los chicos y chicas de nuestra escuela no está concurriendo a las clases presenciales, pero se nos prohíbe la virtualidad. La respuesta es: que pidan la tarea", explicó uno de los padres de la escuela Rosario Vera Peñaloza de Almagro, Ciudad de Buenos Aires.
Ante la suma de testimonios en tal sentido, se habilitaron las siguientes vías de comunicación de la Secretaría de Derechos Humanos. Un teléfono gratuito 0800-122-5878, Whatsapp (011) 4091-7352 y el correo electrónico [email protected].
El contacto, señalaron desde la cartera, permitirá a las familias, docentes y no docentes "realizar denuncias ante diferentes abusos de las autoridades jurisdiccionales de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Mendoza hacia aquellas familias y trabajadores que decidan no concurrir a los establecimientos educativos”
"Con el fin de resguardar el derecho humano de todas las personas a una educación y un trabajo con salud, el gobierno nacional, a través de la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Educación, recibirá las denuncias pertinentes y llevará adelante las acciones que correspondan", explicaron las autoridades.
Es preciso mencionar, que hubo docentes y no docentes, conforme a lo relatado por el organismo, que manifestaron haber sido apercibidos con el descuento de haberes, incluso ofreciendo trabajar a la distancia, y con "fuertes amenazas" para conservar sus fuentes de ingreso.
"Desde la vigencia de las disposiciones mencionadas, los reclamos más frecuentes de las familias han sido: sanciones a través del cómputo de inasistencias o la puesta en riesgo de sus vacantes, como así también la falta de garantía del cumplimiento de clases a distancia para mantener la continuidad pedagógica de niñas, niños y adolescentes", concluyeron desde la secretaría.
