Dos colaboradores del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, habrían ayudado a Julio “Chocolate” Rigau cuando se encontraba detenido por el escándalo de las 48 tarjetas de débito pertenecientes a empleados de la Legislatura bonaerense.
Es que, uno de ellos, Javier Alonso, admitió a La Nación haber hecho “consultas” en la comisaría N°2 de la ciudad de La Plata, donde estuvo preso el empleado de la Legislatura bonaerense y puntero histórico del PJ provincial.
En ese sentido, los alfiles de Berni que se movieron por el bienestar de Rigau fueron el actual subsecretario de Formación y Desarrollo Profesional, Javier Alonso, y el ex subsecretario de Participación Comunitaria, Pablo Fernández, quien, tras su renuncia en mayo de 2022, continuó junto al ministro.
Tanto Alonso como Fernández, quien hasta su renuncia también servía de enlace entre el Ministerio de Seguridad provincial y la Municipalidad de La Plata, dejaron saber a la Policía bonaerense su preocupación e interés por “Chocolate” Rigau, quien fue detenido el 8 de septiembre cuando extraía más de $1,2 millón de 48 tarjetas de débito.
“Sí puedo decirle que me contactó la familia, muy preocupada por su situación y yo consulté cuál eran las condiciones de alojamiento en la comisaría [2° de La Plata], dada la precariedad de la infraestructura policial”, explicó Alonso al ser consultado por un periodista de La Nación.
En esa línea, el lacayo de Berni aseguró “no recordar” quien se contactó con él, al mismo tiempo que reconoció “no tener idea del caso” de “Chocolate” Rigau. “Ya habían pasado varios días desde la detención y la familia estaba muy preocupada porque no era una persona del ámbito, digamos, del delito”, aclaró.
En tanto, desde la Policía bonaerense, en dialogo con el reconocido medio de tirada nacional, aseguraron que el interés de Alonso y de Fernández por el bienestar de un detenido que trabaja en la Legislatura bonaerense fue interpretado, de inmediato, como una señal de protección que quiso transmitir la política.
“Tómalo como un ‘control de daños’ o un genuino interés, pero a todos nos quedó claro que este [por Rigau] era distinto”, graficó un mando de la fuerza bonaerense ante la consulta de LA NACION.
Es que, por lo bajo, operadores políticos y judiciales se movieron para calmar a Rigau y a su familia, hasta que el epílogo llegó el 23 de septiembre, cuando dos integrantes de la sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de La Plata, Juan Alberto Benavides y Alejandro Billordo, declararon la nulidad del acta de procedimiento policial con la que había comenzado la investigación judicial y ordenaron la inmediata libertad de “Chocolate”.
Es preciso señalar que, luego de que referentes nacionales de Juntos por el Cambio denunciaran a los jueces que anularon la causa, y este jueves la fiscal general de La Plata, Betina Lacki, reabrió la investigación del caso de “Chocolate”.
Además, la fiscal Lacki ordenó una batería de medidas de prueba, entre las que se destaca el peritaje del teléfono celular del puntero del PJ, previsto para el 15 de octubre, y el pedido al Banco Provincia las filmaciones de las cámaras de seguridad del Banco Provincia de la sede platense de 7 y 54 entre el 5 y el 8 de septiembre.
En concreto, el estudio se realizará en la Unidad Funcional de Instrucción N°15 de La Plata, a cargo del perito Alejandro Leyes, “a fin de efectuar un análisis técnico completo y detallado del contenido del aparato, informando resultado de la agenda telefónica, vídeos, imágenes y comunicaciones entrantes y salientes así como cualquier otro dato de interés para la presente”.
Por último, la fiscal Lacki le pidió más informes a la Cámara de Diputados de la Legislatura bonaerense y al Banco Provincia, al mismo tiempo que solicitó que declaren los empleados legislativos dueños de la tarjetas que tenía en su poder “Chocolate” Rigau, que todavía no pasaron por la fiscalía.
