Este martes, el presidente del Colegio de Ingenieros de la provincia de Buenos Aires, Jorge Castellano, le pidió al Gobierno nacional de Javier Milei “no frenar” las obras públicas, ya que consideró que las paralización de la inversión en infraestructura por razones ideológicas “dejan a los profesionales sin capacidad de respuesta ante riesgos concretos”, además de generar responsabilidad técnica aún cuando no tienen poder de decisión.
En preciso mencionar que, las declaraciones de Castellano surgieron tras una jornada organizada por el propio Colegio de Ingenieros en Mar del Plata sobre el cambio climático y la gestión de cuencas hídricas, en la que participaron profesionales de la ingeniería, funcionarios y académicos, entre ellos el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis.
En ese sentido, Castellano destacó que la jornada fue “altamente positiva” y superó las expectativas del Colegio, porque convocó a ingenieros del sector público, privado y académico de toda la provincia de Buenos Aires, que no sólo debatieron sobre la adaptabilidad de las obras públicas a los fenómenos climáticos extremos, sino que evitaron entrar en “discusiones ideológicas o negacionistas” respecto del cambio climático.
Según las palabras de Castellano, el mensaje central del encuentro de Mar del Plata fue que lo más importante es la realización de las obras públicas, mientras que el método de financiamiento quedó en un plano secundario. Es que, en la visión del Colegio de Ingenieros, la infraestructura “debe responder a la necesidad de proteger vidas y propiedades afectadas por inundaciones, sequías y otros fenómenos hídricos”.
En ese sentido, Castellano cuestionó la decisión del Gobierno nacional de eliminar organismos claves para la realización de obras públicas, y enfatizó que la instalación de cordones cunetas en municipios, cuartos de cloacas y salitas de atención “no pueden dejarse en manos del financiamiento privado, porque no representan un negocio rentable”.
Para Castellano, esas tareas “son indelegables al Estado, ya sea municipal, provincial o nacional”, y demorar su ejecución equivaldría a descuidar servicios básicos de salud y dignidad de los argentinos. “La disolución de organismos como Vialidad Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la CNRT deja al Estado sin herramientas para garantizar infraestructura, seguridad y control”, enfatizó el titular del Colegio.
Además, el ingeniero manifestó su preocupación por otras áreas técnicas que ya quedaron desguarnecidas, como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), que asiste a productores en zonas rurales, o el Instituto Nacional de Semillas (INASE), YB remarcó que estas actividades “tampoco pueden delegarse al sector privado que define sus prioridades según las ganancias”.
Finalmente, el presidente del Colegio de Ingenieros defendió los contratos ya firmados, y advirtió que interrumpirlos sin rescindir formalmente genera “problemas como daños materiales, incumplimiento legal y responsabilidad de profesionales”. Por ello, instó al Gobierno a definir claramente qué pasará con cada obra, quién asumirá los costos, cómo se conservará la trazabilidad técnica y quién asumirá los riesgos ante la interrupción.
El presidente del Colegio de Ingenieros alertó los desafíos de reconstruir la capacidad estatal para hacer obras públicas
En la comunicación radial, Castellano recordó que cualquier debate federal sobre la realización de obras públicas debe incorporar comités de cuencas que trasciendan límites provinciales, dado que los ríos y las rutas interprovinciales requieren de una coordinación, y sin ese esquema federal “se hace imposible planificar adecuadamente”.
Al mismo tiempo, el titular del Colegio de Ingenieros advirtió sobre el impacto que este freno en las obras públicas tiene sobre los profesionales: “Nos quedamos con la responsabilidad técnica de infraestructura que ni decidimos ni podemos retomar, pero seguimos siendo responsables ante accidentes o fallas”, sostuvo, al tiempo que pidió que los ingenieros “no sean los únicos que paguen el costo de decisiones que vienen de arriba”.
Con respecto a los contratos existentes, Castellano explicó que muchos no fueron rescindidos sino simplemente abandonados, dejando a municipios y provincias sin claridad jurídica para retomarlas, y recordó que en algunas licitaciones incluso se prevé la facultad del Estado nacional para cortar fondos en cualquier momento, pero sin contemplar qué pasa después con el proyecto o los responsables.
Por último, Castellano lamentó que esas decisiones recientes “no se acompañaran con ninguna estructura nueva que asumiera funciones ni con recursos concretos”. “Transferir responsabilidad sin transferir recursos es un error grave”, concluyó el titular del Colegio, que alertó que en el medio “quedan las obras sin hacer y los profesionales sin poder avanzar”.
