domingo, noviembre 28, 2021

Cómo será la reparación económica para familiares de víctimas del ARA San Juan

El beneficio extraordinario será equivalente a la remuneración mensual según el Convenio Colectivo de Trabajo del Sistema Nacional del Empleo Público, multiplicado por 100.

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En las últimas horas del miércoles, el Senado de la Nación aprobó por unanimidad el proyecto de ley que establece la reparación económica para los familiares de las 44 víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido en noviembre de 2017.

La iniciativa establece que los familiares del personal militar tripulante del submarino ARA San Juan "tienen derecho a recibir una indemnización por grupo familiar", que será percibida por hijos en partes iguales y la o el cónyuge, si no estaban separados de hecho al día de la desaparición del submarino.

El beneficio extraordinario económico para los familiares será equivalente a la remuneración mensual de los agentes de Nivel A, Grado 0, del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), multiplicado por 100.

De acuerdo con los cálculos actuales, ese valor de la remuneración superaría los $7 millones para cada grupo familiar, lo que significaría un mínimo de $308 millones totales que el Estado destinará a la reparación económica por la pérdida filial.

Asimismo, la ley estipuló que con el cobro del beneficio, los familiares aceptarán "la renuncia a todo derecho por indemnización de daños y perjuicios y será excluyente de todo otro beneficio o indemnización por el mismo concepto".

En esa línea, la flamante legislación determinó que el otorgamiento del resarcimiento "es incompatible con cualquier acción judicial en trámite, de reclamo de daños y perjuicios por parte de los y las beneficiarios y/o beneficiarias".

El plazo estipulado según la norma, será de un año para que los familiares de los marinos fallecidos en Mar Argentino -y en medio de una misión designada al cuerpo militar por el Ministerio de Defensa- reclamen el resarcimiento.

Cabe recordar que, la nave con 44 tripulantes desapareció el 15 noviembre de 2017, en un patrullaje por la zona económica exclusiva de la Argentina, y fue encontrada recién un año después, a más de 900 metros de profundidad y a 500 kilómetros de la costa de la ciudad de Comodoro Rivadavia, Chubut.

Por eso, durante la sesión extraordinaria en la que se trató el proyecto de ley, la discusión escaló entre el oficialismo y la oposición, que se acusaron mutuamente por la responsabilidad del hundimiento del submarino.

En ese marco, la presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, la peronista chubutense Nancy González, cuestionó duramente al Gobierno de Mauricio Macri, ya que el submarino desapareció durante su mandato.

"Ese 15 de noviembre de 2017 nuestro país sufrió la mayor tragedia naval en tiempos de paz y hoy no tenemos un responsable”, sentenció González y agregó que espera que “la justicia falle muy pronto porque había responsables”.

La senadora también responsabilizó al. “Presidente de la Nación –Macri- y el ministro (de Defensa Oscar Aguad) que en ese momento siguieron en sus puestos” y los criticó porque “no renunciaron pero se dedicaron a perseguir a los familiares”

Con sus declaraciones, la legisladora incluso acusó al Gobierno anterior porque el submarino "no fue buscado por mucho tiempo" y porque, luego, el rastreo se hizo "de manera irregular".

Por el contrario, la radical jujeña Silvia Giacoppo pidió que "se investigue a fondo, pero no solo desde el momento del accidente” sino desde septiembre de 2011, cuando la entonces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, “dijo que se lo había reparado para que funcionara por treinta años".

"Quiero que se averigüe cuánto se pagó por aquella reparación y cuál fue el desperfecto que causó el hundimiento", remarcó Giacoppo en su alocución, insistiendo en que hubo desperfectos en la nave desde antes de que zarpara.

Por su parte, el senador mendocino Julio Cobos trató de atemperar los ánimos y mencionó que la reparación implicaba de un "homenaje", a raíz de una decisión "justa" del gobierno de Alberto Fernández.

Sin embargo, su coterránea del oficialismo, Anabel Fernández Sagasti, insistió en que el Gobierno de Macri "montó un espionaje ilegal a los familiares de los marinos que buscaban justicia".

Sagasti agregó que "a veinte días de la desaparición del submarino, el Gobierno de Macri sabía dónde había sido la implosión y que, por su magnitud, no había posibilidad de vida" y calificó la sanción de la remuneración como “una manera de reparar algo que es irreparable”.

Tras la sanción por unanimidad de la reparación a los familiares, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, se refirió al tema y expresó que "pedido de verdad y justicia estará siempre vigente".

En ese sentido el titular de la cartera de Defensa, celebró que la indemnización hubiera sido aprobada "por unanimidad" y recordó que el proyecto fue enviado al Congreso “por el Presidente”, como un resarcimiento del Estado a los familiares

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