La exfuncionaria del kirchnerismo, Romina Picolotti fue condenada hoy a tres años de prisión de “ejecución condicional” y a restituir al Estado casi 7 millones de pesos por haber cometido el delito de defraudación en contra de la administración pública.
La exsecretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación desde 2006 al 2008 fue condenada por haber pagado gastos familiares y personales con fondos públicos. Se le prohibió el ejercicio de empleos o funciones dentro del Estado.
Durante el tiempo que dura la condena, Romina Picolotti deberá cumplir las reglas de conducta establecidas en el art. 27 "bis" inciso 1º del Código Penal, consistentes en fijar residencia y someterse al cuidado de un Patronato u otro organismo equiparable de control.
Esta tarde, la jueza a cargo del Tribunal Oral Federal (TOF) 6, Sabrina Namer, leyó el veredicto, que el punto 5 de la parte resolutiva incluía la disposición para que Picolotti “restituya al Estado Nacional, la suma de seis millones novecientos cuarenta y un mil ciento setenta pesos ($6.941.170)”.
Ese monto será ajustado al momento en que la condena adquiera firmeza, bajo las pautas y fórmulas utilizadas por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones del Ministerio Público Fiscal, según indicó el tribunal.
La lectura del veredicto, como todo el juicio que duró 6 meses, se realizó a través de la plataforma virtual zoom y la exfuncionaria lo siguió desde Miami (Estados Unidos), donde se encuentra radicada.
En este sentido, el tribunal le fijó la obligación de presentarse en forma mensual, dentro de los primeros cinco días de cada mes, ante el Consulado de la República Argentina en Miami, Estado de Florida y también de informar cualquier cambio de domicilio y requerir autorización en caso de viaje a otro país.
Esta mañana, Picolotti había reiterado su pedido de absolución porque, según dijo, no cometió ningún delito y se lamentó porque “el Estado haya gastado 14 años de recursos, sobre todo el tiempo de los magistrados” en el juicio que la tuvo en el banquillo de los acusados.
La fiscalía, a cargo de Diego Luciani, había reclamado que la exsecretaria de Estado fuera condenada a 3 años y 9 meses de prisión, un monto de pena que de haber prosperado hubiera sido de cumplimiento efectivo y no en suspenso como en este caso.
En el marco de su alegato ante el TOF 6, el representante del Ministerio Público enumeró que el dinero habría sido gastado en pasajes de avión para amigos y familiares de la exfuncionaria, en almuerzos diarios, en sushi, flores y regalos para miembros de su familia.
Al juicio oral llegó procesada por los supuestos delitos de "defraudación en perjuicio de la administración pública" en una causa que tramitó en el juzgado federal de María Servini y que investigó el presunto uso de fondos públicos para gastos particulares.
