sábado, mayo 21, 2022

Consejo de la Magistratura: la oposición presiona por los concejeros políticos

Legisladores de Juntos por el Cambio brindarán una conferencia de prensa para reclamar que las autoridades del Congreso designen a los concejeros políticos que aún restan completar en el nuevo Consejo de la Magistratura.

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Diputados y senadores nacionales de Juntos por el Cambio (JxC) brindarán este martes por la tarde una conferencia de prensa para “exigir ante la opinión pública” que las autoridades del Congreso avancen en la designación de los representantes de las segundas minorías de cada Cámara ante el Consejo de la Magistratura, también llamados “consejeros políticos”.

Los referentes opositores, solicitan que el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, y la titular del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, firmen las correspondientes resoluciones para designar a la diputada Roxana Reyes (UCR) y al senador Luis Juez (PRO), a quienes según ese espacio político les corresponden los lugares en el Consejo de la Magistratura.

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La rueda de prensa será a las 15.15 en el Salón Delia Parodi de la Cámara baja nacional, donde estarán los jefes de los bloques de Diputados y de Senado, además de los legisladores propuestos para integrar el Consejo de la Magistratura.

En principio la conferencia de prensa opositora había sido convocada para las 12 horas, pero luego se decidió pasarla para las 15, por lo que se superpondrá con el debate de la Ley de Alquileres en la comisión de Legislación General, prevista para desarrollarse entre las 13 y las 17.

La oposición fundamenta su pedido para avanzar en la designación de los “consejeros políticos” en la ley original de 1997, “norma que está en plena vigencia tras el fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional la reforma impulsada por el kirchnerismo en 2006″ y que fijó en 20 el número de representantes ante el Consejo de la Magistratura.

Fueron horas turbulentas en el organismo que se dedica a designar, controlar y remover a los jueces y que tiene “caja” propia. Ayer la Corte Suprema de Justicia, con la firma de tres de sus ministros, dispuso que el nuevo Consejo de la Magistratura de veinte miembros comience a funcionar “de manera inmediata” con la presidencia a cargo del titular del máximo tribunal, Horacio Rosatti, lo que despertó una fuerte reacción del oficialismo.

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Respecto de los nuevos miembros del Consejo de la Magistratura elegidos por jueces y abogados, la resolución de la Corte Suprema dispone que se les tome juramento. De esta manera, el Máximo Tribunal pretende funcionar de manera parcial, sin los dos “concejeros políticos” que debe designar el parlamento nacional a través de sendos acuerdos políticos.

Precisamente, en su resolución, para salvar la ausencia de los nuevos miembros representantes del Congreso, la Corte Suprema argumentó que “resultaría inadmisible que la demora o el incumplimiento de ese deber legal por parte de alguno de los estamentos pudiera retrasar, frustrar o paralizar el funcionamiento de un órgano de rango constitucional”. Se trata de una advertencia a las autoridades del Congreso.

Con esta decisión, la Corte Suprema avanza en el cumplimiento de su acordada de diciembre pasado pese a las críticas de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, del ministro de Justicia, Martín Soria, del propio presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, y de numerosos dirigentes, legisladores y funcionarios del Frente de Todos.

“La intromisión de la Corte Suprema sobre facultades de otros poderes se articula con el bloqueo que hace la oposición a los proyectos de reforma de la Justicia. No están salvando la República; están protegiendo a los saqueadores de la Argentina y a todos sus cómplices“, cuestionó el ministro de Justicia nacional, Martín Soria.

Por su parte, desde el bloque de diputados nacionales del Frente de Todos solicitaron al Máximo Tribunal que dicte un plazo de otros 90 días para sancionar la ley del Consejo de la Magistratura que ya cuenta con media sanción del Senado y espera tratamiento en la Cámara baja, como una salida política al conflicto que atraviesa al organismo.

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