Diputados del bloque de Unidad Ciudadana en la Legislatura bonaerense presentaron un proyecto en las últimas horas que exige al Gobierno de María Eugenia Vidal que intervenga para revertir los 32 despidos confirmados en Coca Cola – Femsa.
Las cesantías fueron acordadas por el Ministerio de Producción de la Nación y el Sindicato Unido de Trabajadores de la Industria de Aguas Gaseosas y Afines (Sutiaga) para frenar el pedido de de la firma de avanzar en el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC).
“Exigimos la efectiva intervención de las autoridades provinciales para garantizar la continuidad de los 32 puestos de trabajo, ante el anuncio fraudulento y fallido de la empresa”, señala el texto presentado por el lómense Miguel Funes.
El PPC solicitado por Femsa impactaba en la planta del barrio porteño de Pompeya, donde emplea a 600 de los 3 mil empleados que tiene en el país, y tenía como objetivo despedir a alrededor de 80 operarios.
“La empresa quiere despedir una gran cantidad de trabajadores para reconvertir su operación y lograr una mayor producción con menos empleados. Esta política de achique tiene el sólo efecto de legalizar los despidos”, afirma el proyecto en sus considerandos.
Al mismo tiempo, los legisladores denunciaron “el uso abusivo” por parte de las grandes empresas de los PPC. Esa herramienta legal, que flexibiliza las condiciones laborales, fue un recurso otorgado desde la llegada de Cambiemos al gobierno.
Se trata de una modalidad en aumento en 2016 se solicitaron 55, en 2017 fueron 83 y en 2018 la cifra escaló hasta 108 solicitudes. Es decir, su uso aumentó casi un 100% desde el primer año de gestión de Macri y Vidal.
“El uso abusivo de esta herramienta puede sostenerse gracias a la vocación de destrucción de puestos de trabajo que caracteriza a Cambiemos. Tiene el sólo efecto de legalizar despidos”, cuestiona la iniciativa presentada por Funes.
