Un grupo de legisladores nacionales del Frente de Todos solicitaron presentaron este miércoles una denuncia penal para que investigue “presiones e interferencias” a la justicia para “direccionar investigaciones” por parte funcionarios del gobierno de Mauricio Macri.
La denuncia llega luego de que gran parte de los medios nacionales acusaran al Gobierno bonaerense y Nacional de llevar adelante un plan para liberar de manera masiva a presos e incluso denunciaran supuestas presiones de los Ejecutivos a la Justicia.
Un total de 11 senadores y 9 diputados firmaron la denuncia presentada a la justicia federal “dada la enorme gravedad institucional del caso, el cual compromete la forma republicana de gobierno y, en particular, el principio de división de poderes”, manifestaron.
“A partir de la asunción como Presidente de la Nación del ingeniero Mauricio Macri fueron desplegadas, desde distintos estamentos oficiales y sectores afines, diferentes maniobras destinadas a interferir sobre el normal funcionamiento del Poder Judicial de la Nación y direccionar el trámite de causas”, sostiene la presentación.
Además, los legisladores denunciaron con nombre y apellido dado que aseguran que funcionó una “mesa judicial” para intervenir en los procesos judiciales, integrada por el ex ministro de Justicia, Germán Garavano; el ex representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Juan Bautista Mahiques; el ex titular de la AFI, Gustavo Arribas; los ex secretarios de Estado, José Torello y Pablo Clusellas; el ex procurador del Tesoro, Bernardo Frías y los abogados Fabián Rodríguez Simón y Daniel Angelici, entre otros.
Para sostener su denuncia, los senadores y diputados adjuntaron el informe sobre la Argentina del relator especial para la Independencia de Magistrados y Abogados de la ONU, Diego García Sayán, quien describe “de manera minuciosa la existencia de un plan sistemático, direccionado desde el poder político, para disciplinar jueces y obtener pronunciamiento judiciales afines a sus intereses espurios”.
Pero centralmente, la denuncia destacó los dichos de la jueza de la Cámara Federal de Casación Penal, Ana María Figueroa, quien aseguró en los últimos días que recibió presiones para agilizar la causa del memorándum con Irán que involucraba a la ex presidenta y actual vicepresidenta, Cristina Kirchner.
“Presiones muchísimas”, admitió la camarista y amplió que “yo desde entrada, desde el propio diciembre de 2015, cuando me vinieron a preguntar cuánto iba a demorar en sacar un fallo, etcétera, cosa que no me había pasado nunca en el tiempo que estoy yo en el ejercicio de la jurisdicción de Casación, les dije que el Poder Judicial era independiente y que no entraran a mi despacho a hacerme ese tipo de preguntas”.
Si bien la jueza prefirió no ventilar el nombre del funcionario que la presionó, reconoció que era uno que estaba “por debajo del ministro Garavano” y dijo que se había presentado en su despacho por “la inconstitucionalidad del memorándum con Irán”.
Como medidas de prueba, los legisladores solicitaron que se le tome declaración a la jueza Figueroa para que ratifique sus dichos, además de determinar las llamadas realizadas por Mahiques entre el 10 de diciembre de 2015 y el 9 de diciembre de 2019.
También reclamaron que se obtenga todo registro disponible de accesos y egresos de magistrados y fiscales a la residencia presidencial de Olivos, la Casa Rosada, la AFI y la sede del Ministerio de Justicia.
La denuncia está firmada por los senadores José Mayans, Anabel Fernández Sagasti, Matías Rodríguez, Claudio Doñate, María de los Ángeles Sacnun, Jorge Taiana, Guillermo Snopek, María Teresa González, Ana Almirón, Mariano Recalde; y los diputados nacionales José Luis Gioja, Josefina González, Martín Soria, Marisa Uceda, Nicolás Rodríguez Saa, María Parola, Leopoldo Moreai, Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade.
