martes, diciembre 6, 2022

Contratos basura, precarización y despidos: el plan de Garro por el escándalo de las cooperativas

El intendente de La Plata avanza con la intención de municipalizar a los trabajadores de las cooperativas en medio de los reclamos. ¿Qué hay detrás de la jugada política?

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La protesta de unos 200 trabajadores cooperativistas de la organización La Dignidad Confluencia, que esta mañana cortaron el tránsito frente al Municipio, volvieron a poner en debate la supuesta municipalización que anunció el intendente de La Plata, Julio Garro, en la apertura de sesiones legislativas.

Fue el propio jefe comunal el que les dedicó un posteo en las redes sociales a los trabajadores, que rápidamente fue replicado por los medios aliados, a quien los acusó de “especuladores” y de estar en contra de que los cooperativistas pasen a planta municipal.

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Sin embargo, nada se escribió de los motivos de la protesta y de la letra chica del plan que ofrece Garro para “municipalizar” a los trabajadores, y terminar con el sistema de prestación de los servicios de zanjeo, poda de árboles, despeje y limpieza de calles, entre otros, a través de las cooperativas de trabajo.

De acuerdo a lo que reconstruyó Diputados Bonaerenses, la propuesta del Municipio es que una pequeña parte de los cooperativistas firmen contratos basura trimestrales –actualmente son de seis meses- por $12.500, muy por debajo de los $21.600 del salario mínimo y los $24.575 de la línea de indigencia.

Nos avisaron que el jueves se terminan todas las prestaciones, tenemos 200 compañeros que se quedarían sin trabajo, hay gente que renunció en varias delegaciones, gente que le hicieron firmar declaraciones juradas de manera forzada, esto es un despido encubierto porque saben que mucha gente no puede ingresar”, marcó a este medio Javier Burelli, de la organización La Dignidad Confluencia que mantiene acampe hasta el viernes en las puertas del Palacio Municipal.

La oferta del Municipio es rechazada por la mayoría de los cooperativistas porque se trata de un traspaso forzoso -a los que no aceptan se los despide- que no reconoce la antigüedad de los trabajadores, que implica la pérdida de los beneficios de la seguridad social e incluye una batería de “despidos encubiertos”.

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Quedarán sin ingresos todos los mayores de 50 años que no tengan 8 años de aportes previos, los mayores de 60 directamente quedan fuera del radar, así como las personas que tengan problemas de salud o algún antecedente penal. Son un grueso de los cooperativistas.

Además, de todo el universo que queda excluido por esas condiciones, están los que decidan no aceptar la “municipalización” porque pierden los beneficios de la seguridad social. En su mayoría los cooperativistas acceden a la Tarjeta Alimentar o a programas como Potenciar Trabajo, por lo que por estas horas apenas cobran $8.500.

 

 

Es un traspaso forzoso y obligatorio, o te incorporas a tener un contrato municipalizado o te echan, y consideramos que cualquier medida por la fuerza es mala. Las condiciones son la planta municipal, sino que son contratos por tres meses que no dan estabilidad laboral. Los contratos eran anuales, después Garro los pasó a seis meses, y ahora quiere que sean de tres meses, con la experiencia de despidos previos que hay”, añadió Emilio Marcioni, del Movimiento Justicia y Libertad, a Diputados Bonaerenses.

El referente del Movimiento Justicia y Libertad también sostuvo que “Garro habla de darles vacaciones, pero que hoy no las tengan es producto de la explotación de este intendente”. “Ellos no están preocupados por mejorar, sino por como los están apretando desde diferentes sectores con la causa penal, estamos de acuerdo con el pase a planta permanente, pero no es esa la propuestas que están haciendo desde el Municipio”, consideró.

 

¿Los motivos del plan de Garro?

 

Ni bien Garro anunció el plan en la apertura de sesiones desde el bloque de concejales del Frente de Todos salieron a afirmar que las verdaderas intenciones del intendente era intentar limpiar la imagen de su administración en torno a las denuncias por el desmanejo de fondos de las cooperativas.

Este medio dio cuenta del derrotero en que entró la causa penal que realizó en 2016 la exconcejala Florencia Rollié por el presunto desvío de por lo menos unos $1.500 millones que recae contra la mano derecha del intendente Nelson Marino, la concejal de su espacio Liliana Lucha y el esposo de la edil Julieta Quintero Chasman, Mauro Petrone.

El expediente después de recaer en la UFI N°6 de Marcelo Romero, fue a la Unidad de Delitos Económicos, que elaboró sendos informes, para luego volver a la fiscalía de Romero, quien se declaró incompetente. Finalmente recaló en las garras del fiscal Álvaro Garganta, de la UFI N°11, donde se encuentra paralizada.

 

La mano derecha del intendente, Nelson Marino. 
 

La municipalización se propone por las denuncias, en la fiscalía de Garganta están citados a declarar el propio intendente Julio Garro y Nelson Marino, quien renunció a la presidencia de Legislación General y bajó el perfil, es muy obvio todo” , afirmó el concejal Guillermo “Nano” Cara a Diputados Bonaerenses.

El edil opositor consideró que las ramificaciones del expediente pueden ser de importancia. “No es sólo el presunto desvío de $1.500 millones que no pueden explicar, sino que aparecen las figuras del incumplimiento de deberes de funcionario y eventualmente cohecho”, dijo Cara y añadió: “Ahora proponen esto porque ven que el tema no terminó y teman que crezca”.

 

La secretaria Quintero Chasman y su pareja Nicolás Petrone. 
 

El blindaje de los funcionarios municipales en una eventual salida de Garro del Gobierno es un tema que tempranamente preocupa en las oficinas de calle 12. Ese es uno de los motivos por el cual la mesa chica del intendente le otorga una importancia superlativa a las elecciones 2023.

Por estas horas, los ediles opositores no logran acceder a los informes de cómo se contratan las cooperativas, quiénes son los integrantes, las autoridades, y los objetos sociales. Los concejales tampoco pueden hacerse de los desagregados del manejo de fondos, ni tener una clave en el sistema contable municipal. Se trata de un verdadero agujero negro.

 

El plan de municipalización y el agujero negro

 

No sólo los concejales opositores creen que la jugada política de Garro tiene que ver con frenar el escándalo del desmanejo de fondos y darles una cobertura a sus funcionarios implicados. Los cooperativistas opinan en el mismo sentido, pero piden “no poner a los trabajadores en el medio”.

Lo cierto que en todo lo que rodea al sistema de cooperativas que Julio Garro usó como una de sus tantas cajas negras durante más de cinco años, sale pus. Todo aparece rodeado de un halo de corrupción que el Municipio se empeña sistemáticamente en ocultar y volver todavía más oscuro.

 

 

Esto se relaciona mucho con la denuncia penal. Garro dice que hay 5.000 cooperativistas de los cuales 3.000 pueden pasar a planta, que casualidad que en la denuncia penal se hable de 2.000 trabajadores ficticios”, argumentó Burelli.

En tanto, Marcioni también encontró una conexión entre el plan de municipalización y las denuncias por el desvío de fondos. “Entiendo que la iniciativa surge porque hay cuestiones que no cierran como la cantidad de cooperativistas que trabajan y la plata que destinan ellos”, señaló.

 

La oposición va a fondo

 

Desde la bancada del Frente de Todos anticipan que no van a declinar los pedidos para que Garro explique el agujero negro de las cooperativas.

Vamos a reiterar el pedido de informes para saber la cantidad de cooperativas que existen, quiénes son sus integrantes y cómo es la distribución de fondos. En principio ante la falta de respuestas en el Concejo Deliberante nos vamos a presentar ante el Tribunal de Cuentas para que haya sanción y que el Municipio tenga que rendir cuentas, sostuvo “Nano” Cara a este medio.  

 

El concejal del Frente de Todos, Guillermo "Nano" Cara. 
 

En ese sentido, el concejal opositor adelantó que intentarán “agotar todas las vías administrativas” porque “no pueden sostener que esa información no se haga pública”. “Ni siquiera saben ellos la cantidad de cooperativistas que hay, por eso siempre hablan de números redondos, cuando asumieron dijeron que eran 5.000 y cinco años después sigue siendo el mismo número. No nos chupamos el dedo”, agregó. 

En tanto, desde la Legislatura bonaerense, la diputada del Frente de Todos Florencia Saintout mantuvo un encuentro con el secretario del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de La Plata (SOMELP), Gustavo Hernández. “Nos planteó la preocupación del gremio por las restricciones que el Municipio les impone a lxs cooperativistas para pasarlxs a planta”, informó en su cuenta personal de Twitter.

 

 

Un botón vale de muestra

 

En el caso de la organización La Dignidad Confluencia, que mantendrá un acampe hasta el viernes en las puertas del Municipio, es paradigmático. Si bien esta mañana Garro los tildó de “especuladores” y por la tarde amenazó con iniciarles una causa por el corte de calle, la organización no maneja fondos de las cooperativas.

Nosotros no distribuimos fondos sólo tenemos compañeros que trabajan en cooperativas, pero ni siquiera sabemos en cuáles están anotadas, que dicho sea de paso nunca fueron convocados a una asamblea, como marca la ley”, detalló Burelli.  

Desde La Dignidad Confluencia pretenden ir a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) “de forma individual para que nos pregunten todo que nos quieren preguntar y poder sacarnos todas las dudas”.

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