El Gobierno nacional dispuso este lunes por la noche la intervención administrativa de Edesur por un plazo de 180 días, luego de que la empresa distribuidora de energía eléctrica dejara sin luz a cientos de miles de usuarios durante el verano y las reiteradas olas de calor.
Para llevar adelante la intervención de Edesur el Ejecutivo nombrará desde mañana al exministro de Hábitat e intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, que seguirá cumpliendo funciones en su pago chico. El jefe comunal kirchnerista es ingeniero y tiene experiencia en el sector energético.
Vale aclarar que, con la intervención de Edesur el Poder Ejecutivo no tomará control operativo de la compañía, pero tendrá poder de monitoreo de su plan de inversiones y de la prestación de servicio. El anuncio corrió por cuenta del ministro de Economía, Sergio Massa.
En ese sentido, el titular del Palacio de Hacienda aseguró que la intervención de Edesur tendrá como objetivo “la fiscalización de las obras y de cumplimiento de la mejor en el servicio que debe tener la empresa”. “Una situación como la que nos tocó vivir a miles de argentinos en los últimos 15 días no se pueden tolerar más”, sentenció Massa.
En el Ministerio de Economía aseguraron que esta acción administrativa “no afectará los derechos de los accionistas”, por lo que no hay riesgos de que la controladora ENEL pueda recurrir al CIADI, el tribunal del Banco Mundial que dirime disputas contractuales entre Estados y compañías privadas, para reclamarle al Gobierno nacional por incumplimiento de contrato.
Por otra parte, Massa informó que la Secretaría de Energía que encabeza Flavia Royón informará al mercado de capitales cuáles fueron los incumplimientos detectados por la inspección del ENRE -en un informe preliminar que luego será girado al Congreso.
“Queremos dejar claro que no se afecta el contrato de concesión ni el derecho de los accionistas, pero que el Estado va a fiscalizar el cumplimiento del contrato. No podemos permitir que el servicio público, un servicio básico, se vea afectado por incumplimiento de las empresas”, concluyó Massa en un anuncio del que participaron el secretario de Legal y Técnica, Ricardo Casal, y el titular del ENRE, Walter Martello.
Además, el Ministro de Economía mencionó que los $2.700 millones de multas que prevénserán para reintegros a usuarios afectados. “Hemos tomado la decisión de ejecutar los 2.700 millones de pesos de sentencia como devolución a todos los usuarios de servicios”, precisó.
Asimismo, Massa apuntó a la controlante mayoritaria de Edesur. “La inminente decisión de ENEL de poner en venta la compañía, aparece de alguna manera como una situación que genera incertdumbre respecto a la prestación del servicio”, afirmó en la conferencia de prensa.
En este contexto, la semana pasada desde la Secretaría de Energía se instruyó al ENRE – para realizar una denuncia penal a todo el directorio de Edesur por los delitos malversación, fraude en perjuicio de la administración pública y abandono de personas, por los masivos cortes de luz.
Además, el Gobierno nacional le había pedido al ENRE acelerar la elaboración de un informe de estado de la concesión para ser elevado a la Comisión Bicameral de Seguimiento de las concesiones de servicios públicos del Congreso a fin de que aconseje si corresponde dar por terminada la concesión.
Radiografía de Edesur
Edesur tiene a su cargo la distribución de energía para más de 2 millones de hogares del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA). Su zona de concesión alcanza una superficie de 3.300 km2, que abarca el centro y sur de la Ciudad de Buenos Aires y todo el sur del Conurbano bonaerense.
La red eléctrica de Edesur tiene una extensión de 32.500 kilómetros y representa, según la propia empresa, el 20% de la energía del país. La concesión de Edesur se estableció por 99 años y aún le quedan 69 años de contrato.
Edesur, una empresa surgida del proceso de privatización del servicio eléctrico iniciado en 1992, es propiedad del ENEL desde 2008. La compañía, controlada por el estado italiano, anunció en noviembre pasado que planeaba vender activos en varios países para reducir su deuda y completar un proceso de transición hacia energías más limpias.
