En medio de la crisis económica y el creciente endeudamiento, el senador bonaerense y oriundo de La Plata, Marcelo “Chuby” Leguizamón, presentó un proyecto de ley para crear el Programa Provincial de Asistencia y Reestructuración de Créditos Hipotecarios UVA. La iniciativa, que ya ingresó formalmente en la Cámara alta, busca ponerle un límite a la carga que representan las cuotas de estos créditos para quienes accedieron a una vivienda única y permanente.
En los fundamentos del proyecto elaborado por Leguizamón, sobre el carácter “regresivo” que adquirió el esquema UVA, ideado originalmente como una herramienta para ampliar el acceso al crédito hipotecario. El problema, según argumentó el legislador es que el diseño estructural del sistema no contempló escenarios de inflación alta y prolongada como los que atraviesa el país.
El punto central del proyecto establece que la cuota mensual no podrá superar el 30% de los ingresos netos del grupo familiar conviviente. En los casos donde ese tope sea superado, la diferencia será cubierta por un Fondo Compensador Provincial o capitalizada a tasas subsidiadas. De este modo, el senador punta a amortiguar el impacto del esquema de actualización por inflación, que en los últimos años disparó los saldos adeudados y las cuotas de forma desproporcionada.
Leguizamón prevé la suspensión por 180 días de los juicios de desalojo o ejecución hipotecaria para los deudores adheridos al programa. Esta medida, que podría prorrogarse por única vez, busca evitar que las familias pierdan su vivienda mientras se instrumentan mecanismos de reestructuración o mediación con las entidades financieras.
Uno de los artículos centrales del proyecto de Leguizamón es la creación del Fondo Compensador Provincial de Créditos UVA, que se integrará con recursos del presupuesto bonaerense y/o con transferencias del Tesoro. Ese fondo tendrá el objetivo de garantizar la sustentabilidad del programa y proteger a las familias de las distorsiones generadas por el alza inflacionaria sostenida.
“La función del Estado es evitar que un instrumento de acceso a la vivienda se transforme en una trampa de endeudamiento perpetuo”, sostuvo el legislador platense. Por eso, la propuesta busca no solo limitar el peso de las cuotas, sino también abrir canales de negociación, brindar herramientas jurídicas y financieras, y evitar el despojo habitacional.
Además, el proyecto autoriza al Poder Ejecutivo provincial a implementar mecanismos de reprogramación de plazos y adecuación de deudas, cuando se verifique una “significativa desproporción” entre el capital adeudado y el valor actual del inmueble. Se trata de una medida pensada para restablecer una lógica de equilibrio entre lo que se debe y lo que realmente vale la propiedad, un reclamo que vienen impulsando numerosas asociaciones de deudores.
Como parte del andamiaje institucional de la iniciativa, se contempla la creación de una oficina de asesoramiento y mediación gratuita en la órbita de la Defensoría del Pueblo bonaerense. El objetivo es brindar asistencia legal y financiera a los deudores, facilitar la negociación con los bancos y evitar procesos judiciales costosos que terminan agravando la situación de las familias afectadas.
El proyecto también invita formalmente a las entidades financieras con sede en la provincia de Buenos Aires a sumarse al programa, colaborando con la implementación de soluciones sostenibles. Si bien los créditos UVA se rigen por normativa nacional, Leguizamón planteó en los fundamentos que el federalismo y la competencia concurrente habilitan al Estado bonaerense a intervenir para proteger derechos constitucionales como el acceso a la vivienda.
Según relevamientos citados por el legislador platense, las cuotas mensuales de estos créditos pasaron en muchos casos de representar el 25% del ingreso familiar al 50% o más. En paralelo, el capital adeudado se triplicó, mientras que los valores de mercado de los inmuebles no acompañaron ese incremento. “No se puede seguir mirando para otro lado cuando hay familias que, después de años pagando, deben más que al principio”, señaló Leguizamón.
La actualización de las cuotas por CER, que replica el índice de precios al consumidor, terminó generando cuotas impagables y saldos de deuda crecientes, incluso después de años de cumplimiento. La asimetría entre el ritmo de crecimiento de los ingresos y el de las deudas hizo que el sistema perdiera toda razonabilidad, afectando el derecho a la vivienda y la estabilidad financiera de las familias.
En los últimos tres años, la judicialización de los créditos UVA aumentó en más de un 200% en la provincia de Buenos Aires, de acuerdo a estimaciones de distintas asociaciones y organizaciones. Muchas familias afrontan embargos, juicios y amenazas de desalojo, pese a haber cumplido con las obligaciones durante años. Frente a este escenario, el proyecto propone un abordaje integral que combine protección social con equilibrio financiero.
