El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció que establecerá una instancia de monitoreo y alerta temprana para identificar posibles casos de riesgo que afecten a deudores hipotecarios UVA en los que la relación cuota-ingreso supere los límites establecidos por el Decreto 767/20.
El año pasado, el Gobierno nacional estableció el congelamiento de las cuotas de créditos hipotecarios actualizados por Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) con vigencia entre abril de 2020 y enero de 2021 en el marco de la crisis provocada por la pandemia de Covid-19.
Luego, para evitar saltos sustanciales en las cuotas tras el prolongado período de congelamiento, el Gobierno estableció un “mecanismo de convergencia” con vigencia entre febrero de 2021 y julio de 2022, una decisión que criticaron los colectivos de deudores.
Para prevenir posibles situaciones de vulnerabilidad durante la convergencia se estableció un mecanismo de reaseguro, que obliga a las entidades financieras a ofrecer facilidades a los deudores siempre que la incidencia de las cuotas supere el 35% de los ingresos.
Según las relaciones cuota-ingreso declaradas por las entidades financieras otorgantes para cada una de las financiaciones, más del 90% de las personas deudoras enfrentará una relación cuota-ingreso inferior al 35% en julio de 2022, cuando finalice el cronograma de convergencia.
Por este motivo, el monitoreo iniciado por el Banco Central buscará generar alertas tempranas para identificar y atender posibles casos de riesgo que afecten a personas deudoras. Por estas horas, son varios los deudores que tuvieron que vender sus casas para poder hacer frente a las deudas.
Vale recordar que recientemente, el Senado de la Nación trató dos proyectos de ley que proponen renegociar los contratos y regular las actualizaciones, sin embargo, los damnificados de los créditos UVA están pidiendo la suspensión de pagos por 90 días.
Los dos proyectos parlamentarios para los créditos UVA
El primero de los proyectos, cuyo autor es el mendocino Julio Cobos, prevé que las entidades financieras ofrezcan la posibilidad de renegociación de contratos de créditos para la adquisición, construcción o ampliación de vivienda única, con cláusula de ajuste en UVA, y la clave es crear un fondo estabilizador para absorber la diferencia de lo que se adeuda. También impulsa que se suspendan las ejecuciones hipotecarias y los desalojos para los créditos hipotecarios en UVA para vivienda única familiar por el término de un año.
La segunda iniciativa, presentada por el senador Mario Raymundo Fiad, apunta a la regulación de las operaciones enmarcadas en los sistemas de créditos con capital ajustable UVA y UVI (Unidad de Vivienda) previstas en las leyes 25.827 y 27.271 y propone que las actualizaciones se realicen mediante la aplicación del índice Ripte (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) suministrado por el Ministerio de Trabajo. Asimismo, indica que la cuota mensual resultante no debe exceder el 35% del ingreso del grupo familiar del deudor y dispone la suspensión por seis meses de las ejecuciones hipotecarias de viviendas adquiridas bajo la modalidad contemplada en la presente ley.
