Desde hace años los trabajadores del Patronato de Liberados Bonaerense vienen denunciando las precarias condiciones laborales en que se encuentran. En total, en la provincia hay 48 mil condenados que son tutelados por este organismo.
En Junín, la depedencia local –que además abarca los partidos de General Arenales y General Viamonte– no escapa a esta situación. Allí hay bajo supervisión 734 personas pero sólo doce empleados para llevar adelante las tareas.
“La legislación establece que como número de referencia debe haber una persona cada 30 supervisados. O sea que acá no se estaría cumpliendo con eso”, explicó el director de Estrategias Comunicacionales de la entidad, Néstor Juliano.
Es que, efectivamente, la ley indica que debe haber un trabajador cada 30 condenados tutelados. Lo que representa para la delegación de Junín una cantidad de 24 empleados, el doble de lo que cuenta actualmente.
“Está claro que no es lo mismo una ciudad del interior de la provincia que La Matanza, no sólo en cuanto a la cantidad de su población sino por la realidad socioeconómica de cada lugar. En el caso de Junín estaríamos un poco lejos”, sostuvo Juliano.
El último caso que puso en el centro de la escena al Patronato de Liberados fue el crimen de Abril Bogado, la nena de 12 años baleada durante un robo en La Plata. El acusado por el hecho, José Etchegaray Biel, alias “Pepito”, gozaba del beneficio de la libertad condicional pese a tener graves antecedentes penales.
