El bloque de diputados nacionales del Frente de Todos exhortó a la legisaldora del PRO Karina Bachey a separar “con urgencia” de su grupo de colaboradores a Brenda Salva, abogada defensora de Gabriel Carrizo, el cuarto detenido por el atentado a Cristina Kirchner, por considerar que su permanencia en el cargo “contradice” la convivencia democrática.
“Es imprescindible que la diputada nacional del PRO Karina Bachey separe con urgencia de su staff de asesores a Brenda Salva, abogada defensora de Gabriel Carrizo“, expresaron desde el bloque de legisladores del Frente de Todos, luego de que se conociera que la letrada sigue ocupando el cargo en el Congreso.
Además, los legisladores del Frente de Todos afirmaron que la permanencia de Brenda Salva en la actividad de asesora legislativa en el despaho de la diputada Karina Bachey “contradice rotundamente el apego a la convivencia democrática en la que debe funcionar la Cámara de Diputados nacional“.
En otro tramo del comunicado los legisaldores nacionales del Frente de Todos expresaron que son “los diputados quienes eligen a los colaboradores” y que, en ese sentido, son responsables de “pedir su baja administrativa”. “Basta de mirar hacia al costado. Si queremos más democracia, separemos a asesores que defienden a estos personajes“, completaron.
Vale recordar que, Gabriel Nicolás Carrizo es el cuarto detenido en la causa que investiga el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, con lazos estrechos con Fernando Sabag Montiel, el principal acusado por el atentado, y su novia, Brenda Uliarte. Carrizo fue sindicado como el jefe de la “banda de los copitos”.
Por su parte, Brenda Salva es una de las defensoras de Carrizo, junto con el letrado Gastón Marano, que fue asesor hasta hace pocos días del senador nacional por Chubut de Juntos por el Cambio, Ignacio Torres, en la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia.
En las últimas horas, previo al pedido de los legisladores nacionales del Frente de Todos, se conoció un comunicado de la diputada del PRO Bacheyen el que explicó que Brenda Salva presta servicios de asesoría para la labor de la comisión de Discapacidad y que su actividad como abogada defensora es “privada”.
“Creyendo, defendiendo y respetando la Libertad de trabajo del equipo y la de todos los argentinos, por lo que la Dra. Ejerce además su actividad en la parte PRIVADA, no referenciando ningún tipo de vinculación con la misma”, argumento la diputada del PRO sobre la actividad de Brenda Salva.
Según trascendió, la diputada Bachey se enteró el domingo de que a su asesora le “había llegado el caso de la banda de los copitos”. Igualmente, la referente del PRO decidió mantenerla en el cargo porque ella “es fan de la libertad de trabajo”.
La diputada Bachey llegó al Congreso en 2021 referenciada en la titular PRO, Patricia Bullrich y en el secretario de Asuntos Estratégicos del Gobierno porteño, Eduardo Machivelli. La legisladora dentro de la esctrucura de la Cámara de Diputados nacional es secretaria en la comisión de Minería.
Desde que asumió como legisladora, Bachey presentó solo tres proyectos de ley en el recito, pero ninguno fue tratado en comisiones: uno para prohibir la exigencia del pase sanitario, otro para regular el régimen de la medicina estética y el último para aumentar las penas sobre “los delitos contra la vida”.
Los otros abogado de Carrizo, también con vínculos con el PRO
Por su parte, el senador del PRO por Chubut, Ignacio Torres, que integra la comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso de la Nación, tenía entre los suyos a Gastón Marano, el otro abogado de Carrizo. Marano llegó a la Bicameral como “especialista en inteligencia”, propuesto por Torres, quien lo despidió al conocerse los vínculos del asesor con el caso del atentado a Cristina Kirchner.
Pero además de Brenda Salva y Marano, los asesores del PRO, Carrizo también tiene como abogado a Fernando Sicilia. El letrado es quien representó, nada más ni nada menos, a Leandro Araque y Facundo Melo en la causa que investiga el espionaje ilegal de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Mauricio Macri.
Ambos espías formaban parte de la banda conocida como “Mario Bros“, que se encargaba de escuchar de forma ilegal a políticos, jueces y sindicalistas para supuestamente informar de ciertos movimientos y datos al entonces presidente Macri. “¿Quién paga estos abogados? ¿Lo quieren cuidar a Carrizo o hay que proteger a alguien que puede estar ligado a él?”, son algunos de los interrogantes que siguen abiertos.