El oficialismo logró la aprobación de la Reforma Fiscal en medio de la maratónica sesión que llevó adelante Diputados por la Ley Bases.
Luego de la primera victoria legislativa para el gobierno de Javier Milei con la obtención de la media sanción de la Ley Bases, la Cámara de Diputados de la Nación también aprobó, primero en general y luego título por título, el paquete de Reforma Fiscal.
Entre otras reformas tratadas este martes, los diputados nacionales aprobaron la reimposición del impuesto a las Ganancias, un blanqueo de capitales, una moratoria de obligaciones tributarias y aduaneras, y cambios en las escalas del monotributo.
Con la aprobación en particular de la reforma fiscal, el Gobierno nacional de La Libertad Avanza se alzó con esta victoria legislativa con los votos propios, más los del PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal y bloques cercanos. Para la sanción definitiva del Paquete Fiscal y la Ley Bases, Milei deberá esperar a la sesión del Senado.
Tras la aprobación en general del Paquete Fiscal, la Cámara baja nacional pasó a la votación en particular que, a propuesta de Margarita Stolbizer, fue por títulos y no por capítulos. En primera instancia, el oficialismo logró aprobar el Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social.
En el caso de la restitución al impuesto a las Ganancias, este regiría para la cuarta categoría. Si la medida quedara en pie tras la ratificación de la Cámara alta, casi un millón de trabajadores volvería a pagar este tributo, renombrado “impuesto a los ingresos personales” en la Ley de Medidas Fiscales, Paliativas y Relevantes.
Con las modificaciones propuestas, estarán alcanzados en el impuesto a las Ganancias los trabajadores solteros que ganen más de $1.800.000 y los trabajadores casados con hijos que perciban más de $2.200.000. Si bien varios legisladores del radicalismo votaron a favor, también reclamaron en agregar exenciones como “fallo de caja para empleados y horas extras en salud”.
En tanto, el blanqueo de capitales fue uno de las medidas más discutidas por los bloques opositores en el debate de reforma fiscal. Por caso, el diputado Carlos Heller reclamó cambiar el año límite de exclusión para ex funcionarios. La norma lo establece por cinco años y el legislador opositor pidió que fuese modificado hasta 10 años para contemplar a quienes integraron el gobierno de Cambiemos.
En detalle, el apartado de blanqueo que consiguió media sanción establece que por activos de hasta USD 100.000 no se aplicará ninguna alícuota, mientras ara aquellos montos que superen dicha cifra, se implementarán alícuotas progresivas del 5%, 10% y 15%, dependiendo del momento en que los contribuyentes decidan adherirse al régimen.
La principal crítica de Heller se dirigió a la creación de la condición “sujeto no residente”, donde planteó que “un extranjero no tiene registrado el dinero en su país, pero puede traerlo acá”. “En nuestro criterio tiene relación con el lavado de activos. Es extraño que estos ex residentes puedan regularizar dinero en nuestro país ¿Cómo aplicarías las leyes antilavado?”, cuestionó.
Por su parte, el cordobés de Hacemos Coalición Federal, Juan Fernando Brügge, propuso agregados en el artículo 22 respecto de la manifestación de adhesión para que diga que se “deberá manifestar bajo declaración jurada el origen de los fondos tanto en efectivo o el utilizado para adquirir los bienes, acciones o títulos”.
Al final, la diputada de la UCR, Danya Tavela, propuso una modificación en el artículo 46 para incluir como sujetos excluidos a los directores y gerentes de las empresas proveedoras del Estado en cualquiera de los niveles en los últimos cinco años a los “efectos de no vulnerar la transparencia entre las empresas respecto de las autoridades y funcionarios públicos”, y planteó establecer como sujetos excluidos “a aquellas personas que han sido beneficiarias de algún tipo de blanqueo en los último cinco ejercicios”.
Como miembro informante del Gobierno nacional, el diputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, rechazó todo tipo de sugerencia y propuesta de modificación o adhesión realizada por los legisladores anteriores, y la votación resultó con 131 votos afirmativos, 117 negativos y 4 abstenciones.
En el título III de la Reforma Fiscal aprobada en el marco de la votación de la Ley Bases se contempla el Impuesto sobre los Bienes Personales, expresado desde el artículo 52 al 73. En este caso, el recuento resultó afirmativo con 142 votos a favor, 106 en contra y 2 abstenciones.
Al respecto, la diputada Julia Strada de Unión por la Patria cuestionó que es “absolutamente incoherente que propongan la reducción de la alícuota de 2,25 la máxima a 0,25%”. “No han aparecido razones suficientes en un contexto de búsqueda de recaudación tributaria y de eliminación del déficit. No se entiende por qué bajar el impuesto a los bienes personales que la cuota máxima lo pagan solo 125 mil grandes contribuyentes”, advirtió.
En esa línea, Strada explicó que va reduciéndose la alícuota hasta 2027 a 0,25% “sacándole recaudación al próximo gobierno”. “El pago se hace una sola vez con una alícuota de 0,45% y pagan el 75% del impuesto”, cuestionó la legisladora, y agregó que para el “régimen general van estableciendo una reducción de alícuota que lo lleva al 0,25% lo cual es su eliminación prácticamente”.
En tanto, desde el Frente de Izquierda propusieron nuevamente el retiro del título porque “se baja del 0,69 al 0,18 el impuesto. Esto es un robo descarado”. Sin embargo, una vez más, Espert desestimó las sugerencias y modificaciones.
Posteriormente, los diputados nacionales pusieron a consideración el título IV sobre la eliminación del impuesto a la transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas, explayado en el artículo 74, que resultó aprobado con 147 votos afirmativos, 100 negativos y ninguna abstención.
En continuidad, uno de los ejes más polémicos del paquete fiscal fue el título V, contemplado entre los artículos 75 y 95, que vuelve a instalar el Impuesto a las Ganancias. A pesar de su controversia, el título resultó aprobado con 132 votos afirmativos, 113 negativos y 4 abstenciones.
Previo al momento de votar por la modificación del Impuesto a las Ganancias, la diputada nacional Romina Del Plá del Frente de Izquierda afirmó que “sepan, los trabajadores que nos están escuchando, que les están metiendo la mano en el bolsillo y esto se para con una huelga de los trabajadores”.
Al mencionar el conflicto en varios rubros, la legisladora de Izquierda manifestó que este “es el reclamo de los trabajadores aceiteros y de la salud que van a ser alcanzados por esta confiscación”. “Los salarios son para alimentación y reclamamos el retiro de todo este paquete”, añadió.
En ese marco, el vicepresidente radical de la Cámara de Diputados, Julio Cobos, remarcó lo dicho durante el debate general de la Ley Bases y sugirió la “incorporación de un artículo que tiene que ver con actualizar el monto a deducir de interiores hipotecarios ya que el vigente es del 2003 y está en 20.000 pesos”.
Finalmente, el miembro informante José Luis Espert se dirigió a los antecesores y advirtió que “la idea de La Libertad Avanza es que el Impuesto a las Ganancias nos haga pagar el costo de aumentar el gasto público”. “Rechazamos los cambios y nos mantenemos en la letra original del proyecto”, concluyó.
El proyecto del Ejecutivo supone una actualización de los topes de facturación y cuotas, con subas de entre 300 y 330 por ciento. El ingreso tope anual sería de $68 millones y eliminaría la diferenciación entre actividades (comercio y servicios) para estar en el régimen simplificado.
De aprobarse el proyecto en el Senado, los monotributistas de la categoría A, de menores ingresos, podrían facturar hasta $6.450.000 anuales, mientras que aquellos que se encuentren en la categoría K, la más alta, ese monto ascendería a $68 millones.
Tras un cuarto intermedio, el oficialismo aceptó el pedido de la oposición de postergar por 90 días la eliminación del Monotributo Social, para que en ese plazo el Gobierno y la oposición negocien una alternativa para incorporar una categoría inferior a la “A” en el régimen simplificado.