Un puñado de diputados bonaerenses de distintos espacios políticos cuestionaron la designación por decreto del juez federal, Ariel Lijo, y del catedrático, Manuel García–Mansilla, como nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia, y denunciaron un intento de avasallar las instituciones, además de acusar al Gobierno de Javier Milei de buscar garantizar impunidad y favores judiciales.
Uno de los más duros fue el diputado bonaerense de la Coalición Cívica, Luciano Bugallo, quien calificó la designación del juez federal como una maniobra para proteger la corrupción y la impunidad. “Lijo es un delincuente que no debería llegar nunca a la Corte Suprema. Es el juez de la corrupción, de las mafias y de la impunidad“, sostuvo.
En esta línea, Bugallo informó que Lijo es candidato del actual integrante de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y aseguró que está vinculado con la exvicepresidenta, Cristina Kirchner por lo que consideró que el decreto “es la consumación del pacto de impunidad entre la casta mafiosa más brutal de nuestra historia y el tipo que llegó a la Presidencia diciendo que iba a ‘terminar con la casta'”.
Por su parte, el diputado bonaerense de UCR + Cambio Federal, Valentín Miranda, además de rechazar la decisión del Presidente y enfatizó la necesidad de respetar la Constitución. “No vale todo. La Constitución Nacional es clara: los jueces de la Corte Suprema deben ser designados de forma democrática mediante el consenso del Senado. El decreto del presidente Milei para nombrar a Lijo y García-Mansilla constituye un grave atropello institucional”, advirtió.
En la misma línea, la diputada del bloque Acuerdo Cívico UCR-GEN, Viviana Dirolli, acusó al Presidente de repetir prácticas que él mismo criticó en el pasado pese a que en todo momento sostiene que llegó al Ejecutivo nacional para “cambiar la historia”. “Poner jueces por decreto, salteando al Senado, no es República, es avasallamiento. Los que dicen saber de economía deberían entender que sin instituciones fuertes no hay desarrollo posible”, señaló la legisladora.
En tanto que, su compañera de bancada, Nazarena Mesías, remarcó la contradicción del Presidente y sugirió que la medida tiene como fin garantizar “impunidad y favores judiciales”. “Imagino que todos los que siempre criticaron estas tácticas del kirchnerismo van a volver a oponerse, ¿no?”, ironizó.
Desde Unión por la Patria, la diputada bonaerense, Lucía Klug, fue aún más categórica y vinculó la decisión de Milei con sus propias controversias judiciales por la estafa que se concretó la semana pasada luego de la promoción de la criptomoneda $LIBRA. “El chiste se cuenta solo y la Argentina sigue degradándose en manos de esta manga de delincuentes”, afirmó.
También se sumó a las críticas el diputado del Frente de Izquierda y los Trabajadores – Unidad (FIT-U), Guillermo Pacagnini, quien denunció un accionar sistemático contra los derechos de la población por parte del Gobierno nacional. “Estafa al pueblo, le pega a los jubilados, hipoteca el país, te caga de hambre y encima pone jueces por decreto. ¿Hasta cuándo lo vamos a aguantar?”, expresó.
El decreto que desató la crítica de los diputados bonaerenses
El decreto fue oficializado en el Boletín Oficial este martes por la tarde, luego de que el propio Presidente avanzara en la firma de la medida en una reunión de Gabinete en Casa Rosada. Según la Oficina del Presidente, la designación de Lijo y García-Mansilla busca “normalizar el funcionamiento del máximo tribunal judicial del país”, dado que actualmente cuenta con solo tres ministros tras la jubilación de Juan Carlos Maqueda.
El Gobierno justificó la decisión señalando que “la Constitución claramente establece que es el Presidente, y nadie más, quien tiene la facultad de seleccionar los candidatos para cubrir las vacantes en el Máximo Tribunal, limitándose el Senado a prestar su conformidad o rechazarlos en función de un análisis objetivo de la idoneidad técnica de los candidatos”.
