Como resultado de una reunión entre los representantes de las familias que tomaron tierras en el Conurbano y La Plata y la Mesa Nacional del Polo Obrero, el diputado del Frente de Izquierda, Guillermo Kane, impulsó una convocatoria a una audiencia en la Legislatura bonaerense para el próximo 8 de agosto.
El planteo habitacional del Frente de Izquierda en la Legislatura bonaerense, va en sintonía con el plan de obra pública y vivienda presentado por la Unidad Piquetera al Gobierno nacional, que pretende generar un millón de puestos de trabajo que plantean una orientación social completamente distinta a la que se está llevando adelante.
Asimismo, los diputados bonaerenses replicarán el proyecto de Emergencia Nacional en el acceso a la Vivienda presentado por Romina Del Plá en el Congreso, que plantea un impuesto a la vivienda ociosa que financié la construcción de un plan de viviendas, un banco de tierras para loteo social, la suspensión de todo desalojo y un plan de urbanización de barrios populares.
Los puntos fundamentales del plan de lucha por la toma de tierras en el Conurbano y La Plata del Frente de Izquierda que se iniciará el 8 de agosto en la Legislatura bonaerense incluye la conformación de un banco de tierras para loteo, la construcción de un millón de viviendas populares y la prohibición de los desalojos.
Además de la regularización de la tenencia y títulos de propiedad para las familias, la urbanización de todos los barrios, asentamientos y villas bajo control de los vecinos, para garantizar el acceso a los servicios básicos (electricidad, agua, cloacas, gas e internet), impuestos progresivos a la vivienda ociosa y la eliminación de los mismos para la vivienda única.
Según explicó el diputado provincial del Frente de Izquierda Kane, son 4 millones los trabajadores en todo el país sin vivienda propia en condiciones, de los cuales 2 millones están concentrados en la provincia de Buenos Aires.
“La compra de una casa modesta equivale a 20 años enteros de trabajo cobrando el salario mínimo. El mercado inmobiliario opera en dólares, los sueldos se devalúan al ritmo del peso. Y los alquileres son prohibitivo”, contextualizó Kane y agregó: “El resultado de esa situación fue el recrudecimiento de las tomas de tierra, que no casualmente dieron un salto durante los meses de pandemia”.
La situación habitacional en la provincia
En el encuentro con la Mesa Nacional del Polo Obrero, los representantes de cada barrio dieron un informe del estado de su lucha. En Nueva Unión, La Matanza, las 9 mil familias lograron suspender por 180 días la orden de desalojo, mientras se están movilizando junto a otros barrios que sufrieron represiones, como el 1o de Noviembre de Ciudad Evita.
En Guernica, hace algunos días realizaron una concentración a dos años de la ocupación del terreno, denunciando la falta de cumplimiento del ministerio que conduce Andrés “Cuervo” Larroque de la entrega de lotes planteada desde el día del desalojo.
En ese sentido, Kane aseveró que “la política del gobierno de Axel Kicillof fue reprimir las tomas de tierra, como en Guernica y en otros cientos de casos en los que mandó a la policía de Berni, que se jactó de los centenares de desalojos de trabajadores sin vivienda que ha llevado adelante.
Por su parte, los vecinos de la megatoma de Los Hornos, la más grande de la provincia, denunciaron que el gobierno de Kicillof comprometió salidas habitacionales para la mitad de la toma, dejando la otra mitad a la deriva.
“Los vecinos del barrio Ribera Sur que enfrentaron el año pasado la demolición de viviendas de parte del actual jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, ahora tienen que presentarse a una comisión vecinal en tratativas con el municipio que dice que va a apropiarse de las casas de los vecinos que no aporten una cuota de cientos de dólares fijada por ellos”, apuntó Kane.
A partir de la situación de los barrios con toma de tierras, Kane concluyó que “el segundo y tercer cordón del Conurbano bonaerense, al igual que los barrios obreros de las ciudades del interior bonaerense, se habitan amplias zonas sin el acceso a asfaltos, escuelas, centros de salud ni recolección de basura, y el hacinamiento de estas amplias franjas sin las condiciones elementales de vida digna es responsabilidad directa de los sucesivos gobiernos”.
