En la sesión que llevó a cabo la Cámara de Diputados durante la jornada de este martes luego de varias semanas de negociaciones, los bloques de la oposición dialoguista y del peronismo lograron un acuerdo político que permitió avanzar con la media sanción de una nueva fórmula de actualización del monto de las jubilaciones que reemplace el mecanismo impuesto por el mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por Javier Milei.
El texto consensuado, que luego Milei amenazó con vetar rápidamente si la Cámara alta lo acompaña, fue aprobado con 162 votos a favor y 72 en contra, y propone una actualización mensual en base al último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Además, incluye una compensación extra o “empalme” con un 8,1% de incremento, dado que el Gobierno nacional otorgó un 12,5% que no cubre el 20,6% de inflación de enero.
De esta manera, Diputados aprobó un proyecto que intenta garantizar la cobertura de la canasta básica del adulto mayor, que actualmente ronda los $260.000. Sin embargo, para evitar que la actualización de la canasta básica que se efectiviza después del pago de los haberes deje desfasados los aumentos, optaron por poner un mínimo equivalente a 1.09 de la canasta básica.
A su vez, la oposición incluyó de forma anual un adicional del 50% de la variación entre la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) y el IPC para habilitar la posibilidad de mejorar las jubilaciones en contextos de crecimiento económico, con el objetivo de correr al IPC del centro y no dejar que se convierta en un techo para los haberes.
Cabe mencionar que, los espacios de la oposición al Gobierno nacional llegaron a la sesión en Diputados con varios dictámenes. La más importante giraba en torno al rol del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que los dialoguistas pretendían que se utilice para pagar los juicios previsionales con sentencia firme y las deudas de Nación con las cajas provinciales no transferidas.
Por su parte, el peronismo se mantuvo firme en que el FGS no podía ser utilizado para esos fines. “La liquidación del FGS es un paso para el retorno de las Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), que deja a un tercio de la población descartada. Son las líneas rojas que no estamos dispuestos a cruzar”, dijo contundente el diputado de Unión por la Patria, Itai Hagman, al inicio del debate.
En esa línea, desde el bloque de Unión por la Patria explicaron que la razón de su intransigencia sobre este punto se basa en que ¡cualquier modificación del FGS sería abrirle la puerta al Gobierno nacional de Javier Milei para que luego haga otros cambios, en un contexto económico muy complicado”.
En tanto, según los cálculos realizados por las autoridades de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo fiscal del proyecto de movilidad jubilatoria aprobado rondaría el 0,43% del Producto Bruto Interno (PBI). Desde la oposición aseguraron una y otra vez que era un costo “razonable” que no pone en riesgo el superávit fiscal que el Gobierno mantiene como principal objetivo macroeconómico.
Sin embargo, en la Casa Rosada interpretaron que en el Congreso se concretó un “acuerdo entre el radicalismo y el peronismo para romper el superávit fiscal”. En esa línea se manifestó el jefe de la bancada del PRO, Cristian Ritondo. “Nos proponíamos no prestarnos al show que el radicalismo y sus nuevos socios del kirchnerismo querían hacer en este recinto. Algunos entraron al Congreso por el cambio pero después se olvidaron del cambio. Dime con quién votas y te diré quién eres”, disparó el diputado.
En ese contexto, fue el propio presidente Milei quien ya anunció que le importa “tres carajos” si tiene que anular los proyectos impulsados por la oposición, y aseguró que defenderá la caja “a puro veto”, si es necesario. En el mismo sentido, el flamante jefe de Gabinete, Guillermo Francos, repitió que “no hay fondos para otorgar mayores aumentos a los jubilados”.
