La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados nacional retomará el próximo martes desde las 13 horas el proceso de encausamiento a los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con la presencia de testigos, convocados para que expongan sobre el manejo de la obra social del Poder Judicial por parte de las autoridades del máximo Tribunal.
La de esta jornada será la décima reunión de la comisión que preside la legisladora del Frente de Todos, Carolina Gaillard, en el marco del juicio político a la Corte Suprema de Justicia que se inició el pasado 26 de enero en la Cámara de Diputados nacional, con fuerte resistencia de la oposición de Juntos.
Para esta ocasión, los legisladores convocaron a funcionarios y expertos vinculados con la gestión de la Obra Social de Poder Judicial de la Nación (OSPJN) para ofrecer su testimonio en la comisión, donde se están tramitando 14 expedientes que forman parte del juicio a la Corte, algunos de los cuales abordan ese tema en particular.
Las denuncias sobre las irregularidades en la administración de la obra social del Poder Judicial alcanzan a todos los integrantes de la Corte, ya sea por la comisión de delitos, de acuerdo a las investigaciones judiciales penales en curso, o por mal desempeño de sus funciones, según confiaron fuentes parlamentarias.
En concreto, los testigos invitados para la próxima reunión por el juicio a la Corte son el exdirector de la Obra Social del Poder Judicial (OSPJN), Aldo Tonon, la contadora Melisa Solana, la médica legista María Cristina Interlandi, el contador docente de la UBA, Gustavo Montanini, y las trabajadoras judiciales Laura Coulin y Liliana Brito.
“Seguramente que esa comisión directiva de esas autoridades sindicales ya estaría presa, enjuiciada y se hubiera enterado toda la Argentina, pero cuando son ellos cuatro, cuando son el poder real, no hay una noticia en ningún diario“, afirmó la diputada del Frente de Todos, Vanesa Siley, que integra la comisión de Juicio Político.
Entre las hipótesis sobre las que trabajará la comisión de Juicio Político, se buscará comprobar si los cortesanos incurrieron en irregularidades manifiestas, al no cubrir las vacancias en el directorio de la PSPJN, en la subdirección médica, subdirección administrativa y auditoría interna, y si a consecuencia de esas vacantes se incumplió con la habilitación estatutaria que habilitaba la delegación de firma.
Además, el cuerpo investigará una supuesta ausencia de previsión presupuestaria y se buscará avanzar sobre “groseras” irregularidades en la registración contable de la mutual judicial, así como un “incumplimiento sistemático y deliberado de las funciones de control y de administración indelegables a la capacidad de administración y control”.
Para avanzar, la comisión también tendrá en cuenta la denuncia de la Coalición Cívica que originalmente presentara Elisa Carrió contra Ricardo Lorenzetti por “mal desempeño en el ejercicio de sus funciones y eventual comisión de delitos por irregular y discrecional manejo de la obra social”, y su “incidencia” ante la falta de cobertura de vacancias en el directorio y en diferentes áreas.
Además de estas cuestiones, se investigan denuncias sobre autorización de tratamientos a personas cercanas a la conducción, mientras se le denegaba el mismo tratamiento a muchísimos afiliados y la numerosa cantidad de juicios por mala praxis, así como faltantes de medicamentos y el desplazamiento de prestadores que reclamaban pagos.
Juicio a la Corte: el trabajo en comisión
Cabe destacar que, en la reunión de este martes la comisión de Juicio Político iniciará el tratamiento de los supuestos desmanejos de la obra social, después de que la semana pasada los legisladores trabajaron sobre el fallo del Máximo Tribunal que aplicó el famoso 2×1 a los represores de la última dictadura cívico-militar condenados por la Justicia.
Aquel día, los principales testimonios del juicio a la Corte estuvieron a cargo de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y del exministro de Justicia nacional durante la administración de Cambiemos, Germán Garavano. “Yo creo que no correspondía, así como no corresponde el 2×1 en delitos donde hubo violaciones o asesinatos”, explicó Garavano.
Vale recordar que, desde que se inició el año parlamentario, la comisión de Juicio Político fue una de las más activas de la Cámara de Diputados, con la apertura del proceso contra los jueces de la Corte, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, y la recepción de un nutrido grupo de testigos.
En ese sentido, el 26 de enero, la Cámara de Diputados abrió el debate en comisión sobre los 14 proyectos que plantean el juicio a la Corte por distintas causales, entre ellas haber dictado el fallo para aplicar el principio del 2×1 a represores condenados.
También, el juicio a la Corte inició por haber resuelto en beneficio de la Ciudad de Buenos Aires la controversia por los fondos coparticipables adicionales que el expresidente nacional, Mauricio Macri, redirigió al distrito porteño en 2016.
Es preciso mencionar que, el juicio contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación comenzó el 9 de febrero, cuando la comisión admitió los expedientes que se presentaron contra los miembros del Máximo Tribunal.
Esto, se dio después de que el Frente de Todos lograra imponer su mayoría en la comisión de Juicio Político (16 de 31 votos) para aprobar la apertura del sumario y la acumulación de pruebas que respalden las acusaciones contra los cortesanos Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti.
