jueves, marzo 28, 2024

Diputados piden que ABSA devuelva $2.850 millones por el cobro indebido a usuarios

Así lo solicitó el legislador radical de Juntos por el Cambio Diego Rovella a partir del fallo de la Justicia contra la empresa de aguas bonaerenses.

Por medio de un proyecto ingresado en la Cámara de Diputados, el legislador platense de Juntos por el Cambio Diego Rovella solicitó que la empresa ABSA S.A. informe cuál es el monto final que tiene previsto devolver a los usuarios por el servicio de agua potable mal cobrados durante la gestión del ex gobernador Daniel Scioli.

A través del documento legislativo, el radical pidió que la mencionada empresa de servicios públicos informe si ya efectuó la provisión dineraria y si tiene previsto el mecanismo por el cual ese dinero adeudado llegará a los consumidores.

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Como es sabido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme un fallo de la Corte bonaerense por el que ABSA deberá imputar la diferencia cobrada a los consumidores en próximas facturas. La sentencia, es por un indebido aumento dispuesto en 2012.

En este sentido, Rovella reforzó que "el máximo tribunal de la nación dejó firme la acordada de la corte provincial que invalidaba el decreto firmado por el ex gobernador Daniel Scioli, tal cual lo veníamos sosteniendo desde hace largo tiempo, por ser ilegal e inconstitucional”.

Caba recordar, que el máximo órgano judicial de la Provincia entendió que el incremento se aplicó sin garantizar “un mecanismo de información y participación de los usuarios previo a la toma de la decisión”. Esto es, sin el previo llamado a audiencia pública.

Ahora la Corte Suprema de la Nación invalida, como lo había hecho anteriormente la Suprema Corte bonaerense. En varias ocasiones lo hemos advertido desde el ámbito legislativo y ahora la justicia nos dio la razón", concluyó el diputado.

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En este marco, los montos actualizados a la fecha, con la tasa pasiva fijada por la sentencia de primera instancia a partir del 1° enero de 2015, que se le ordena reintegrar a ABSA ronda los $2.852 millones de pesos.

El fallo genera inquietud en el Ejecutivo provincial, ante los efectos que semejante suma podría provocar en la empresa que cuenta con 90% de participación estatal y un 10% correspondiente al Sindicato de Obras Sanitarias de Buenos Aires (Sosba).

 

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