El exministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, quedó imputado en la causa que investiga una red de corrupción vinculada al cobro de multas de tránsito y la Verificación Técnica Vehicular (VTV). El fiscal Álvaro Garganta formalizó la acusación y avanzó contra otros 15 involucrados, entre funcionarios provinciales, judiciales y empresarios del sector.
Durante la instrucción de la causa que comenzó en 2023, el fiscal Garganta detectó al menos tres maniobras ilícitas. La principal, vinculada con el sistema de multas de la provincia de Buenos Aires.
Según la imputación, funcionarios de la cartera que conducía D’Onofrio “actuaron en connivencia con terceros ajenos a dicho organismo quienes captaban como ‘gestores’ a deudores de infracciones de tránsito ofreciéndoles reducciones del 50% del monto adeudado”.
La operación, que habría comenzado en enero de 2022, con la llegada de D’Onofrio al Ministerio de Transporte, también tiene como imputados al juez de Faltas de La Plata, Mario Quattrocchi y la concejal de Pilar, Claudia Pombo, ambos vinculados a dos emprendimientos gastronómicos en Málaga, España.
Otra línea de la investigación apunta a irregularidades en la concesión del servicio de la VTV. La resolución judicial revela que el Gobierno bonaerense adjudicó el negociado a siete empresas que debían contratar previamente a la firma “Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica S.A.”, que tenía vínculos con funcionarios de la cartera provincial de Transporte.
La empresa bajo investigación, se encargaba de asignar los turnos para la VTV y cobraba una comisión del 8,5% más IVA por cada operación, por lo que su presidente, Sebastián Desio, también fue imputado en la causa.
El tercer eje de la causa se relaciona con la contratación de la empresa CECAITRA, una asociación civil que nuclea pymes del rubro y que gestiona cámaras para el control de tránsito en varios municipios bonaerenses. El fiscal sostiene que la firma “habría facturado de modo irregular y sin la correspondiente autorización legal el importe producido por las infracciones de tránsito”.
Un informe del Ministerio de Transporte, ya bajo la conducción de Martín Marinucci, reveló que la provincia cuenta con 1.404 cinemómetros. De ese total, 155 corresponden a la empresa CECAITRA y no poseen “acto administrativo”, lo que implica que no tienen certificado de conformidad.
En consecuencia, hace diez días, Garganta ordenó allanar la sede de CECAITRA y el domicilio de su presidente, Bernardino Antonio García, que también figura entre los imputados, a quien le secuestraron un teléfono que podría ser clave para la investigación.
Aunque las sospechas ya lo salpicaban, D‘Onofrio se mantuvo en el cargo hasta el 30 de diciembre, cuando presentó su renuncia. El gobernador Axel Kicillof lo despidió con un mensaje en redes sociales, sin pronunciarse públicamente sobre la investigación.
La imputación incluye los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, cohecho y exacciones ilegales. En el caso de D’Onofrio, el fiscal lo señaló como partícipe necesario de las maniobras con las multas y como autor en el entramado de la VTV.
Además de D’Onofrio, Pombo, Quattrocchi, Desio y García, también fueron imputados Pablo Javier Sanguinetti, exdirector de Política y Seguridad Vial, Tomás Uthurriague, exdirector de Informática de la DPPSV, varios empleados del juzgado de Faltas de La Plata y empresarios vinculados a las concesionarias de la VTV.
Avanza otra causa paralela contra D’Onofrio por lavado de dinero
En simultáneo, el ex ministro D’Onofrio también quedó bajo la lupa en una causa por lavado de activos que tramita en el fuero federal. El juez de Campana, Adrián González Charvay, investiga al saliente titular de Transporte bonaerense como parte de un expediente que motivó varios allanamientos en los últimos días.
Uno de los procedimientos tuvo lugar en una financiera del microcentro porteño, donde las autoridades incautaron $62.915.500, USD 254.254, 4.600 euros y 112.000 reales. Mientras que, otro de los operativos se llevó a cabo en una empresa señalada por haber financiado la compra de un auto de alta gama para el exdirector de Fiscalización y Control, Facundo Asencio. Sin embargo, al allanar el lugar, los investigadores comprobaron que allí funcionaba una firma distinta.
En tanto, González Charvay también ordenó incautar información de la empresa que administra el sistema de Telepeaje, así como de un edificio de co-working donde operaba una de las firmas investigadas.
Una fuente judicial explicó que los allanamientos forman parte de la misma línea investigativa que llevó al operativo realizado en enero pasado, en una financiera ubicada dentro del hotel Sheraton de Pilar. Durante ese mismo procedimiento, también se inspeccionó una peluquería llamada “Hairspray Studio”, ambos locales relacionados con la concejal Pombo.
Por último, el juez González Charvay también ordenó levantar el secreto bancario, fiscal y bursátil de los imputados y encomendó la tarea de reconstruir el patrimonio tanto del propio D’Onofrio, como de su entorno más cercano, comprometido en la causa.
