viernes, marzo 29, 2024

El BID financiará con USD 100 millones un programa para barrios populares de la provincia

La iniciativa fue publicada en el Boletín Oficial, a partir del decreto 896/2020, que especificó que el objetivo de este acuerdo es mejorar las condiciones de vida de los bonaerenses.

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El Gobierno aprobó los modelos de contrato de garantía y contragarantía a suscribir con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la provincia de Buenos Aires, respectivamente, que habilitan el financiamiento por USD 100 millones para el Programa de Integración Social y Urbana del Conurbano bonaerense.

Lo hizo a través del decreto 896/2020 publicado hoy en el Boletín Oficial, el cual precisó que el objetivo es contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población de las villas, asentamientos precarios y conjuntos habitacionales de la región, a través de intervenciones de integración social y urbana.

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Asimismo, también se indicó que los objetivos específicos son fortalecer y apoyar a los gobiernos locales y provincial en la planificación, gestión y ejecución de proyectos integrales de intervención y regularización de barrios informales.

Del mismo modo, el Programa se propone mejorar el acceso y facilitar el uso de servicios básicos, infraestructura urbana resiliente, espacio público, equipamiento comunitario y servicios del Estado destinados a los habitantes de los barrios integrándolos a la trama urbana municipal.

Además, la iniciativa busca fortalecer el capital social, potenciar oportunidades de desarrollo comunitario social, laboral y productivo y mejorar las condiciones de habitabilidad y tenencia.

Por otro lado, ayer informó Diputados Bonaerenses que el ministro de Transporte de Nación, Mario Meoni, confirmó que en los próximos días quedará definida la licitación para la electrificación del ferrocarril San Martín y, además, expresó su confianza en la “pronta adjudicación” de obras en la línea Belgrano Sur.

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En ese contexto, estas obras serán financiadas también con el BID y cinco grupos empresarios que participaron en el proceso licitatorio iniciado en 2018, pero cuya definición quedó demorada primero por la recesión, y luego por la pandemia de coronavirus.

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