El Gobierno nacional ampliará esta semana la denuncia penal por contrabando contra funcionarios de la gestión anterior, en el marco de la causa judicial que investiga el envío ilegal de armas a Bolivia durante el Golpe de Estado a Evo Morales en noviembre de 2019.
Así lo aseguró el viceministro de Justicia del presidente Alberto Fernández, Juan Martín Mena, quien anunció que "en las próximas horas" se ampliará otra vez la denuncia contra Mauricio Macri y sus funcionarios de la administración Cambiemos (2015-2019).
Uno de los funcionarios más señalados en esta etapa y que será investigado luego de la ampliación de la denuncia será el exjefe de Gabinete de Macri, Marcos Peña, quien se había mantenido ileso de la cuestión hasta el momento.
Para el viceministro, la documentación relevada en las últimas horas comprobó el contrabando agravado de municiones y material represivo a Bolivia, delito que se tramita en la Justicia en lo Penal Económico.
Por eso, Mena volvió a poner el foco sobre la "cumbre" del gobierno de Cambiemos celebrada en la Casa Rosada el 12 de noviembre de 2019 con la presencia de los jefes de Gendarmería, Prefectura y Policía Federal, horas antes del envío de armas.
“Ni más ni menos que el día en que despegaba el avión con el material a contrabandear", resaltó el viceministro de Justicia actual respecto a la reunión que tuvieron funcionarios macristas.
Además, el funcionario de Alberto Fernández insistió en la contundencia de una prueba que, según expuso, incrimina a la administración de Macri y en particular al excanciller Jorge Faurie.
Tal como explicó Mensa, hay "una nota de puño y letra de Faurie y con sello a la antigua" (manual), fechada el 12 de noviembre (2019), cuando "los pedidos de autorización para hacer el contrabando agravado los iniciaron el 11 de noviembre".
El viceministro de Justicia se refería a los trámites de autorización que se iniciaron ante la Aduana y ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) el 11 de noviembre para enviar armamento a Bolivia.
Marcos Peña y Mauricio Macri, dos de los implicados en la causa por contrabando.
En ese sentido, el documento encontrado fijaba que el material bélico se transportaría en el avión Hércules C-130, que llevaría municiones antitumulto, sprays de gas pimienta y granadas de gases lacrimógenos producidas por Fabricaciones Militares.
"Nunca la nota inicial del pedido de asistencia puede ser posterior a que se hagan los papeles ante la Aduana y la Anmac”, expresó Mena sobre la irregularidad de las fechas en los documentos, que complica la situación de Faurie.
En esa línea, el viceministro de Justicia aclaró que “dejaron todos los dedos puestos, y además está probado el dolo, con la torpeza de lo que han realizado y las declaraciones públicas que han hecho luego de conocido el hecho".
Excanciller de Argentina por la gestión de Cambiemos, Jorge Faurie.
En ese contexto, el funcionario remarcó que también "está probada la voluntad (de la gestión de Cambiemos) de contrabandear armas, porque tomaron todas y cada una de las medidas para intentar encubrir el hecho".
Por otra parte, sobre la "cumbre" realizada en la Casa Rosada el 12 de noviembre de 2019, denunciada hace una semana por el ministro de Justicia Martín Soria, Mena aportó más detalles.
Por lo mismo, el funcionario de Justicia ratificó que en ese encuentro (durante el Gobierno de Mauricio Macri) participaron los entonces jefes de la Prefectura Naval, Eduardo Scarzello, de Gendarmería, Gerardo Otero, y Néstor Roncaglia, de la Policía Federal.
De todas formas, Mena subrayó que a pesar de participar de aquella reunión, en Bolivia "no se halló material ni de la Prefectura naval ni de la Policía Federal" sino "únicamente de la gendarmería nacional”.
A la par, el viceministro de Justicia esbozó que dentro de la causa judicial que investiga el contrabando de armas, “no se entiende que hacían en esa reunión las autoridades de las demás fuerzas de seguridad".
"Evidentemente, estaban haciendo una especie de stock, de control de stock", aventuró Mena y agregó que a su entender el objetivo de la reunión era "ver quién (qué fuerza de seguridad) tenía municiones para enviar a las fuerzas represivas y sediciosas en Bolivia".
