En las últimas horas el Ministerio de Trabajo de la Nación resolvió intervenir en el conflicto por el pago parcial de sueldos a trabajadores de las cadenas de comida rápida que se desató por el grave parate en que entró la economía derivada del aislamiento obligatorio para frenar el avance del coronavirus.
La cartera que conduce Claudio Moroni consideró que el recorte de sueldos que sufrieron cerca de 25 mil empleados de todo el país de firmas como McDonald’s, Burger King, Mostaza, Starbucks, Wendy’s y KFC “no tiene sustento legal” y dictaminó a favor del reclamo sindical.
De esta manera, se abrió una negociación sobre los sueldos de abril con mediante una serie de audiencias virtuales con la Cámara de Establecimientos de Servicios Rápidos y Expendio de Emparedados y Afines y con el sindicato de los Pasteleros.
Este viernes habrá un nuevo capítulo de la discusión para instar a las compañías a completar los sueldos y fijar un criterio respecto de la próxima liquidación en caso de continuar el aislamiento social y obligatorio dispuesto por el Ejecutivo, que es el escenario más probable.
El problema es que las empresas decidieron pagar menos de la mitad de los sueldos de amparados en un supuesto incumplimiento del presentismo –forzado por la cuarentena– y en un artículo del convenio colectivo que habilita a liquidaciones inferiores a los salarios regulares en caso de cumplirse menos horas de labor.
Esos argumentos chocan con el artículo 8 del Decreto de Necesidad y Urgencia de Alberto Fernández que estableció el aislamiento obligatorio, que señala que en ese período “los trabajadores del sector privado tendrán derecho al goce íntegro de sus ingresos habituales”.
Ese texto, según los explican los funcionarios, tendrá aplicación restrictiva en cuanto a los salarios de marzo que deberán ser pagados de forma íntegra por las cadenas de comida rápida y buscan un acuerdo para que las firmas enfrenten la totalidad de los sueldos en abril.
