Un grupo de bonistas presentó una demanda contra la provincia de Buenos Aires, ante los tribunales del Distrito Sur de Nueva York, por la falta de pagos programados de intereses y capital que arrastra desde abril de 2020, por un monto superior a USD 7.100 millones.
La presentación fue realizada por miembros del Comité Directivo del Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos de Buenos Aires, que poseen once series de obligaciones con un monto de capital total de más de US$ 7.100 millones emitidas por la provincia.
Según los asesores White & Case LLP, que representan al Grupo Ad Hoc, el reclamo surgió a raíz del "continuado default de los pagos programados de intereses y/o capital bajo cada una de estas series de Bonos".
"La provincia dejó de realizar los pagos programados por los Bonos en abril de 2020 y desde entonces ha incumplido sus obligaciones de pago en todas las series", destacó el grupo de bonistas.
En tanto, desde el Gobierno bonaerense señalaron que la demanda es propia de "las tácticas que estos grupos suelen utilizar para presionar porque ya lo hicieron con otras provincias".
“Buenos Aires viene trabajando de buena fe, dialogando, negociando, y estas tácticas solo dificultan una resolución y en nada ayuda a resolver los problemas reales e inmediatos que hay", indicaron desde el Ejecutivo que conduce Axel Kicillof.
Es preciso mencionar, que la denuncia no llega un buen momento, ya que en tres días se vence el plazo por la reestructuración de la deuda contraída bajo legislación extranjera, la cual todavía no encontró acuerdos en todo un año.
Pese a ello, el comité de acreedores consideró que "desde abril de 2020, la provincia no hizo ningún esfuerzo por entablar negociaciones con el Grupo a fin de encontrar una solución aceptable y consensuada”.
"En lugar de buscar una solución, los funcionarios optaron por extender el plazo de aceptación de una oferta de reestructuración desconectada de la capacidad financiera de la provincia”, sentenciaron los bonistas.
Por su parte, el Ejecutivo bonaerense sostuvo que “las condiciones son imposibles de aceptar y no aportarían nada a la solución real del problema" y espera que “los acreedores entiendan y reflejen eso en sus contrapropuestas”.
Respecto a las consecuencias que provocaría el acuerdo bajo los términos de los acreedores, quienes llevan adelante las negociaciones aseguraron que “comprometernos a pagos insostenibles nos llevaría empeorar una situación que ya es extremadamente frágil".
De todas formas, los miembros del Grupo señalaron que "siguen abiertos a considerar propuestas” aunque continuarán con "los procedimientos legales que iniciamos y nos reservamos el derecho a ejercer cualquier otra acción judicial”.