El Gobierno nacional dio inicio al procedimiento de adecuación transitoria de las tarifas de la energía eléctrica con el objetivo de establecer un Régimen Tarifario de Transición, hasta tanto se arribe a un Acuerdo Definitivo de Renegociación.
Lo hizo a través de las resoluciones 16/2021 y 17/2021 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), publicadas este jueves 21 de enero en el Boletín Oficial.
En la primera de ellas se convoca a las distribuidoras del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Edenor y Edesur, a participar del mismo e iniciar el proceso de negociación.
En la segunda resolución, la convocatoria es para las transportadoras Transener, Tranba (Buenos Aires), Transpa (Patagonia), Transco (Comahue), Transnea (Noreste), Transnoa (Noroeste) y Distrocuyo y el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN).
Durante 2020 el secretario de Energía, Darío Martínez, afirmó que entre marzo y abril podría aplicarse una suba gradual en las tarifas de servicios públicos y que será a cuenta de lo que se decida en el debate por una la nueva Revisión Tarifaria Integral (RTI).
“Queremos ir a una 'tarifa de transición' para evitar un impacto altísimo en los bolsillos de la gente, como contemplaba la RTI de la gestión anterior, y que el usuario no tenga que comprar menos bienes y servicios para pagar la energía”, había anticipado.
El secretario también había cuestionado que durante algunos años “se estuvo más pendiente en buscar la tarifa que en planes de inversión, con lo cual tenemos que actuar rápidamente”.
Ambas resoluciones determinaron que el ENRE facilitará la realización de diversas instancias de participación ciudadana, convocando a tal fin a las personas usuarias y a las asociaciones de defensa del consumidor.
El objetivo de las audiencias será que estén informados de las distintas etapas del citado procedimiento, garantizando su publicidad y el derecho de acceso a la información.
El Ente remarcó que “en las adecuaciones tarifarias transitorias se deberá atender a garantizar la continuidad de la normal prestación de los servicios, como así también la implementación de los mecanismos de participación ciudadana”.
También destacó que “la participación de los usuarios y usuarias con carácter previo a la determinación de la tarifa, constituye un factor de previsibilidad, integrativo del derecho constitucional a una información adecuada y veraz”.
Asimismo, el ENRE subrayó que esta intervención “otorga una garantía de razonabilidad para el usuario y la usuaria y disminuye las estadísticas de litigiosidad sobre las medidas que se adoptan”.
El Ente puntualizó que con las audiencias públicas “se busca reducir la asimetría de información entre las empresas distribuidoras, las personas usuarias y el organismo de control”.
