Poco más de cuatro horas de debate en el recinto del Senado le alcanzaron al Frente de Todos para aprobar el proyecto reclamado por el presidente, Alberto Fernández, que modifica la forma de elección y el tiempo de mandato del procurador general de la Nación.
Entre las modificaciones a la Ley del Ministerio Público Fiscal se destacan que la elección del jefe de los fiscales sea elegido por mayoría absoluta de la Cámara alta, en vez de por los dos tercios de los presentes, y establece una reducción del período de mandato a cinco años, reelegible por un lustro.
La iniciativa fue aprobada anoche por 42 votos a favor y 27 en contra, con el respaldo del oficialismo y de sus aliados del Frente Renovador de la Concordia de Misiones y de Juntos Somos Río Negro. En tanto, Juntos por el Cambio, así como sus asociados del interbloque Parlamentario Federal, votaron en contra.
En la actualidad, la designación del Procurador se concreta con el voto de los dos tercios de los presentes en la Cámara alta, mientras que con el cambio que deberá ahora debatir Diputados se necesita sólo mayoría absoluta, es decir 37 voluntades.
La bancada oficialista, al menos hasta diciembre del año que viene, tiene 43 senadores propios, más que suficiente para designar al próximo procurador. Sin embargo, con la oposición no se ponen de acuerdo para designar al juez federal Daniel Rafecas, propuesto por el Poder Ejecutivo.
El proyecto aprobado ayer también instituye que la postulación y designación del candidato no podrá realizarse durante el año electoral en el cual se elija presidente de la Nación.
Asimismo, se establece que el procurador dura en sus funciones cinco años, pudiendo ser nuevamente designado en forma consecutiva por un único período a propuesta del Poder Ejecutivo Nacional y con nuevo acuerdo del Senado.
Por otro lado, el Procurador General de la Nación al momento de su designación no podrá superar los 75 años de edad. En tanto, se dispone que sólo puede ser removido por razones de mal desempeño, crímenes comunes o delito en el ejercicio de sus funciones.
En ese caso, para la acusación ante el Senado de la Nación, se requerirá la aprobación de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, en tanto que para la remoción se necesitan los votos de los dos tercios. No obstante, el Senado podrá suspender al procurador, mientras dure el proceso de remoción.
Durante el debate, el jefe del interbloque de la oposición, el radical formoseño Luis Naidenoff, acusó al oficialismo de pretender llevar a cabo una “contrareforma constitucional” al modificar la ley del Ministerio Público.
“Estamos asistiendo a una contrareforma constitucional. Porque a partir de la reforma de 1994 el Ministerio Público Fiscal en la Constitución ocupó un rol de contrapoder. ¿De dónde sacaron que los dos tercios son impracticables? Los dos tercios tenían que ver con la robustez del cargo”, aseguró Naidenoff.
Además, el senador acusó al oficialismo de “planchar” el pliego del candidato a la procuración, el juez federal Daniel Rafecas. “Nunca se movió un dedo para avanzar con Rafecas. Quizá el pliego interesaba en la Casa Rosada, pero no en el Senado porque al candidato del Poder Ejecutivo nunca se lo sintió como propio en el Senado”, sentenció.
En tanto, el presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, el oficialista neuquino Oscar Parrilli, explicó que la búsqueda de reducir el número para elegir al jefe de los fiscales no se debe a la falta de consenso para elegir a Rafecas sino para remover al procurador interino, Eduardo Casal, porque “sirve a los intereses” de la oposición.
“Acá no se trata de Rafecas sí o Rafecas no. Se trata de Casal sí o Casal no. Hay muchos que quieren que siga el procurador interino porque le sirve a sus intereses. Presionable y con todas las atrocidades que está haciendo”, destacó Parrilli
En este sentido, el senador agregó que la oposición acusa al gobierno nacional “de hacer las cosas que hicieron ellos, como intentar manipular a la justicia” y destacó que el oficialismo pretende “dar certezas y seguridades”.
En cambio, el opositor cordobés Ernesto Martínez opinó que el proyecto impulsado por el oficialismo tiene “sentido de venganza”. “Esta es una ley que tiene un verdadero sentido de venganza”, afirmó Martínez.
