lunes, mayo 23, 2022

Espionaje ilegal: entregan a la Justicia 100 mil escuchas almacenadas durante el macrismo

La interventora de la AFI, Cristina Caamaño, denunció ante la Justicia la existencia de más de 100 mil escuchas ilegales almacenadas durante la gestión de Mauricio Macri. Los audios que revelan un presunto sistema de espionaje ilegal fueron puestos a disposición.

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La novela del espionaje ilegal durante la administración de Mauricio Macri sigue generando nuevos capítulos que revelan lo que podría ser un sistema de inteligencia destinado a perseguir a dirigentes opositores mediante el armado de causas judiciales y la condena mediática.

La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, denunció hoy que durante el macrismo se almacenaron en el organismo 105.000 escuchas ilegales, al presentarse ante el juez Marcelo Martínez De Giorgi, quien quedó a cargo de la causa por “espionaje ilegal” que se tramitaba en Lomas de Zamora.

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Caamaño arribó a los tribunales federales de Retiro para entrevistarse con el magistrado y entregarle un escrito donde da cuenta de la existencia de estas escuchas ilegales y algunas de sus transcripciones, que fueron resguardadas en la sede de la AFI y que puso a su disposición para avanzar en la investigación.

La interventora de la AFI Cristina Caamaño denunció la existencia de 105 mil escuchas ilegales.
La interventora de la AFI Cristina Caamaño denunció la existencia de 105 mil escuchas ilegales.

“Vengo a decirle a Martínez De Giorgi que tenemos resguardadas 105.000 archivos de audios que corresponden a distintas situaciones y que no se destruyeron cuando fueron entregados a la Justicia”, explicó en declaraciones a la prensa a su llegada a Comodoro Py 2002, la interventora de la AFI.

La funcionaria explicó que se trató de un sistema autorizado por el jefe de los espías durante el gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas, quien se encuentra imputado en la causa por espionaje ilegal, mediante el cual el organismo accedía de manera online a escuchas que eran realizadas por la Dadjudeco, la oficina encargada del tema dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

“Se trata de un dispositivo que se llama Sidea (Sistema de Administración), que creó la AFI macrista“, explicó Caamaño y sostuvo que la orden tuvo que haber sido impartida desde lo más alto del poder político, en este caso por el expresidente de la nación, Mauricio Macri.

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“Para mí la orden tenía que venir del Presidente (por Mauricio Macri); el objetivo era escuchar online como parte del espionaje ilegal“, reforzó Caamaño antes de ingresar al despacho del juez Marcelo Martínez De Giorgi, a quien le puso a disposición las 105 mil escuchas ilegales conservadas en el organismo.

Un sistema de escuchas ilegales para los espías de la AFI macrista

Vale recordar que históricamente la SIDE manejó las escuchas desde la calle Los Incas a través de la Dirección de Observaciones Judiciales, más conocida como la “Ojota”. En 2015, con la reforma de la Ley de Inteligencia, las escuchas pasaron a depender de la Procuración General de la Nación, que estaba en manos de Alejandra Gils Carbó. La propia Caamaño estuvo a cargo de esa oficina cuando ejercía como fiscal.

Sin embargo, a las dos semanas de haber asumido, Mauricio Macri publicó un decreto de necesidad y urgencia (DNU) a través del cual le sacaba las escuchas a la Procuración y las ponía en cabeza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se trató de un movimiento planificado a pocos días de haber llegado al poder.

La Corte recién aceptó el traspaso en febrero de 2016. Al tiempo se creó la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), que quedó a cargo del entonces presidente de la Cámara Federal porteña, Martín Irurzun, cuyo nombre también lleva la “doctrina” que permitió encarcelar a exfuncionarios del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Los escándalos por la filtración de audios se sucedieron durante la gestión de Mauricio Macri, incluso la Corte Suprema debió firmar una acordada en 2019 en la que les pedía a los jueces que redujeran al mínimo la intervención de la AFI en las investigaciones judiciales.

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