Una de las causas que investiga el espionaje ilegal a políticos, presos, periodistas y gremialistas presuntamente desplegado por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el Gobierno de Mauricio Macri se reactivará esta semana con una serie de declaraciones testimoniales resueltas por el juez Marcelo Martínez De Giorgi.
Uno de los que está citado para este lunes es el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Diego Santilli. El “colorado” a mediados del 2020 tomó vistas de croquis, fotos y seguimientos que salieron del celular del espía Leandro Araque, quien admitió ante la Comisión Bicameral de Inteligencia el espionaje a Santilli.
De esta manera, el diputado nacional declarará como testigo, en calidad de querellante y víctima de las tareas de espionaje ilegal . Santilli hizo uso de su derecho a declarar por escrito y enviará un pliego de respuestas al juezMartínez De Giorgi. Se trata de una forma de cuidar cada palabra.
Por su parte, para el martes 15 a las 10 horas está previsto que concurra a Comodoro Py 2002 otro testigo convocado en la causa por espionaje ilegal, el exfuncionario del Ministerio de Defensa, José Luis Vila, a quien en 2018 le dejaron una caja con explosivos en la entrada de su domicilio.
El próximo testigo citado para el 21 de marzo es Mariano Macri, hermano del expresidente Mauricio Macri y un día después, el 22, se espera en el juzgado la presencia de la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño, aunque en su caso también podría optar responder por escrito.
Otro testigo será el suspendido juez de Avellaneda Luis Carzoglio, citado para el 28 de marzo “a fin de que se expida acerca de posibles reuniones con Alan Ruiz y Juan Sebastián De Stefano“, dos altos exfuncionarios de la AFI imputados. Carzoglio denunció haber recibido presiones para detener a Hugo y Pablo Moyano.
Como parte de las actuaciones de la causa por espionaje ilegal, Martínez De Giorgi ordenó las citaciones de otras 43 medidas de prueba que dispuso tras quedar a cargo de la investigación iniciada en la justicia federal de Lomas de Zamora por orden de la Cámara Federal de Casación Penal.
Espionaje ilegal: más medidas de prueba y paso a Comodoro Py
En la causa por espionaje ilegal también estuvieron procesados los exresponsables de la AFI en el macrismo, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, junto a exjerárquicos del organismo y exagentes.
Sin embargo, cuando el caso pasó a Comodoro Py a pedido de las defensas de los exfuncionarios acusados, la Cámara Federal porteña revisó lo resuelto en Lomas de Zamora y concluyó que no hubo una asociación ilícita en la AFI, sino que se trató del accionar ilegal “cuentapropista” de un grupo de espías.
Arribas, Majdalani y los restantes imputados fueron beneficiados con falta de mérito por este delito. La exfuncionaria quedó procesada por presunto “incumplimiento de deberes” a raíz de no haber controlado la actividad del grupo de agentes conocido como “Súper Mario Bros” por el nombre de un grupo de WhatsApp que integraban y que sí quedaron con procesamiento confirmado por infracción a la Ley de Inteligencia.
Distintas querellas apelaron el fallo del 21 de diciembre pasado para llegar a la Cámara Federal de Casación, pero los recursos fueron rechazados y sólo resta ir en queja directa ante el máximo tribunal penal federal del país. La Cámara Federal ordenó profundizar la investigación al nuevo juez de la causa, Martínez De Giorgi.
El magistrado dispuso las nuevas medidas y entre ellas, pidió con carácter de “muy urgente” informes a la Dirección Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) sobre la existencia de “un sistema de entrega de las llamadas interceptadas judicialmente” entre ese organismo y la AFI “a través de un enlace dedicado”.
La interventora de la AFI Caamaño informó al juez sobre la existencia de 105.000 archivos de audio hallados en el organismo con escuchas hechas por orden judicial, que habrían sido derivadas de manera directa desde la Dajudeco a la AFI y que no fueron destruidas.
Martínez De Giorgi requirió que la Dajudeco informe “si durante los años 2017 a 2019 este sistema estuvo operativo; si la derivación a través de ese sistema se realizaba sobre la totalidad de las líneas interceptadas y a cuyo retiro se encontraba autorizada judicialmente la AFI, o si se requería en cada caso concreto de un pedido expreso de dicha Agencia para que se procediera a dicha derivación”, entre otros puntos.
A la AFI se le requirió, entre otras medidas, que previa desclasificación informe los “números de abonados telefónicos cuya titularidad y/o uso y/o asignación hubiera sido afectada, según sus registros” entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2019 a Arribas, Majdalani y otros 24 investigados.
Al ordenar las medidas de prueba, Martínez De Giorgi pidió informes también al Servicio Penitenciario Federal, al Bonaerense, a la Policía de la provincia de Buenos Aires, a Gendarmería, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria sobre “convenios que hubieren celebrado” con la ex SIDE y su sucesora, la AFI, entre 2010 y 2019.
También pidió al SPB que “con carácter de muy urgente se informen circunstanciadamente los motivos que rodearon la instalación de cámaras y micrófonos en el pabellón 6 de la Alcaidía Departamental N° 3 de La Plata “Melchor Romero”, entre los días 8 y 24 de agosto de 2018.
Además, requirió al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que informe “la nómina de agentes de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires que, en el período comprendido entre los años 2015 y 2019, fueron reclutados por la Agencia Federal de Inteligencia”.
