Desde los palcos de la Cámara de Diputados bonaerense, los familiares de víctimas de delitos e integrantes del Consejo provincial de Víctimas celebraron con mucha emoción la aprobación de la esperada Ley de Víctimas, que ahora pasará al Senado para el debate final.
La cita es el próximo martes 22 de diciembre, en donde la Cámara alta dará el visto bueno último para contar con la ley en la provincia de Buenos Aires, algo que esperan desde el año 2017 sin mayores avances.
“Fue algo muy movilizante, uno mira en retrospectiva lo que era el sistema de atención, los derechos y garantías contempladas y este es un paso abismal, es una diferencia muy grande. El martes vamos a estar sancionando una de las leyes más importantes de los últimos 50 años, consideramos que haber hecho las modificaciones fue necesario para tener una mejor ley, es un logro muy importante de esta gestión”, dijo Emmanuel Terrón a Diputados Bonaerenses.
Terrón es abogado, secretario de Legal y Técnica del Consejo de Víctimas y hermano de Matías, asesinado el 22 de junio de 2016 en el territorio bonaerense, por lo que vivió en carne propia lo que significa la ausencia del Estado para asistir a las familias ante un hecho delictivo.
La ley busca garantizar el derecho al asesoramiento, asistencia, representación, protección, verdad, acceso a la Justicia, tratamiento justo, reparación por los ofensores, celeridad y todos los demás derechos consagrados en la Constitución Nacional a las víctimas de delito.
El proyecto aprobado este jueves agrega el Capítulo VII en el que se especifican las funciones del Consejo entre las que se encuentran colaborar con las áreas específicas del Ministerio en la atención, acompañamiento, además de incorporar la perspectiva de la víctima en la gestión. En el artículo 45 se establece que sus integrantes serán designados por la cartera que conduce Julio Alak.
“Tenemos la palabra de las y los senadores, es un proyecto bueno, las modificaciones que se hicieron son necesarias, entonces es una cuestión de lógica que no tendría que haber inconvenientes”, sostuvo Terrón.
Por caso, el integrante del Consejo sostuvo que “ahora se va a poder intervenir solamente por tener la condición de víctima, tener el derecho a ser informado en todas las instancias, se va a poder apelar las morigeraciones de pena o prisión domiciliaria, esas son las modificaciones que se incorporaron y eran necesarias”.
Cabe recordar que el Consejo de Víctimas no es un espacio nuevo, sino que ya funcionaba en el ámbito bonaerense pero fue diluido por la gestión de María Eugenia Vidal en el año 2016.
Desde junio de este año, se puso en marcha una vez más con el objetivo de hacer un “mapeo” de la situación de las víctimas en la Provincia y trabajar para contar con una normativa que los pueda contemplar.
“Estamos muy contentos, el Consejo es sinónimo de la reconstrucción de espacios que reconocen los derechos de las personas, se atiende a aquellos que no eligen estar dentro del proceso penal. Es un logro muy importante, fue un camino largo porque el espacio había sido borrado por la gestión anterior pero tampoco se reemplazó por otros”, sostuvo Terrón.
En ese orden, el abogado marcó que una de las situaciones más drásticas que vivían las víctimas ante un hecho delictivo es que, quienes no podían costear los costos de una defensa, no tenían ese acompañamiento del Estado.
“Había convenios impagos con el Colegio de Abogados y por dos años no tuvimos asesoramiento jurídico para las personas que más lo necesitaban. Esto es algo que viene a cumplir con una deuda del Estado a los ciudadanos, que es el acceso a la Justicia”, aseguró.
Así, la Cámara de Diputados introdujo cambios en el Capítulo IV que crea la figura del abogado/a de la víctima para el acompañamiento durante el proceso penal y su registro correspondiente a cargo del Colegio de Abogados bonaerense.
Por ese motivo, una vez que el Senado bonaerense dé luz verde a la normativa, los objetivos de trabajo del Consejo de Víctimas van a virar hacia otras necesidades de las y los bonaerenses en cuanto a la garantía de derechos.
“El 2021 va a tener que ver con la regionalización del Consejo para abarcar toda la provincia, no sirve tener leyes si la gente no pude acceder a la Justicia, en la provincia hay víctimas con muchas carencias y que no tienen acceso, por ejemplo muchas mujeres a las que no les toman las denuncias”, sostuvo Terrón.
En sus intervenciones antes legisladores en los últimos meses, las y los integrantes del Consejo manifestaron que “se propone propiciar políticas públicas en materia de reconocimiento de derechos para que todos puedan acceder al sistema”, y esa es la apuesta fuerte para el año entrante.
“Tenemos las ganas, la capacidad y la gente y el acompañamiento del familiar, que había sido relegado en el último tiempo y hoy es parte de todo esto, sin los familiares no podríamos haber hecho nada y esperamos que nos sigan acompañando porque tenemos mucho más por hacer”, concluyó.
