El Ministerio de Salud de la Nación, a cargo de Mario Lugones, dejó de ser parte querellante en la causa que investiga la muerte de 96 pacientes por administración de fentanilo contaminado. La decisión judicial se tomó ante la sospecha de que organismos públicos podrían tener algún grado de responsabilidad en las omisiones o connivencias que permitieron la circulación del medicamento en hospitales.
En ese sentido, el juez federal, Ernesto Kreplak, revocó el rol de acusador particular que había sido concedido a la cartera sanitaria nacional, al sostener que los argumentos presentados no eran suficientes para mantener su legitimación activa en el expediente según dejaron trascender desde Noticias Argentinas. El giro judicial se produce mientras avanza la investigación sobre las falencias en el contralor de los laboratorios.
El expediente tuvo un avance clave en los últimos días con la detención del dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, Ariel García Furfaro, junto con directivos, accionistas y directores técnicos de ambas firmas. Todos ellos están acusados de ser responsables de la producción y distribución del fentanilo contaminado que provocó la muerte de al menos 96 pacientes.
Entre los detenidos se encuentran Diego y Damián García, en el control de HLB Pharma y Ramallo; Nilda Furfaro, accionista y vicepresidente de HLB; el director general Javier Tchukran; Carolina Ansaldi y Víctor Boccaccio, directores técnicos de Ramallo; José Antonio Maiorano, director técnico de HLB; Horacio Tallarico, presidente de Ramallo; y Rodolfo Labrusciano, director suplente.
En tanto, Ariel García Furfaro se entregó el mismo día de los allanamientos en la alcaidía de Ezeiza, donde quedó alojado hasta prestar declaración indagatoria junto al resto de los imputados. Según trascendió, la investigación busca no solo determinar responsabilidades empresariales, sino también eventuales complicidades estatales que habrían permitido la continuidad de las irregularidades detectadas.
El Ministerio de Salud, bajo la conducción de Mario Lugones, quedó en el centro de la escena tras la medida judicial que lo apartó como querellante. La resolución puso el foco en la ANMAT, organismo dependiente de la cartera sanitaria, encargado de controlar la calidad de los medicamentos y que había inspeccionado los laboratorios con resultados cuestionados.
El propio Lugones desmintió su salida y ratificó que se abrió un sumario interno para investigar el rol de la ANMAT en la cadena de fallas. “Es un hecho inédito en la historia de la salud argentina, un atentado contra la gente”, expresó en una entrevista televisiva. Además, calificó a los responsables del laboratorio como “un grupo empresarial espurio comandado por un ex convicto con contactos políticos y manejos oscuros”.
El Gobierno ratificó a Lugones y apuntó contra Furfaro por el fentanilo contaminado
En medio de la crisis sanitaria, la Casa Rosada respaldó públicamente a Mario Lugones. Guillermo Francos defendió la continuidad del ministro y aseguró que “no tiene responsabilidad” en las muertes derivadas del uso del fentanilo contaminado. En la misma línea, el oficialismo reforzó la hipótesis de que el dueño de los laboratorios, Ariel García Furfaro, mantenía vínculos con sectores del kirchnerismo y el narcotráfico.
El respaldo se dio después de que circularan versiones sobre una eventual renuncia de Lugones, alimentadas por las críticas a su gestión y las protestas en hospitales públicos, entre ellos el Garrahan. Sin embargo, desde el Gobierno recalcaron que el ministro seguirá en funciones mientras se profundizan las investigaciones judiciales e internas.
En paralelo, la Casa Rosada salió a despejar las acusaciones por supuestas maniobras de corrupción en áreas vinculadas a la Superintendencia de Servicios de Salud. Voceros oficiales hablaron de “operaciones políticas” en medio de la crisis, aunque evitaron dar precisiones sobre los audios filtrados que involucran a funcionarios cercanos a Javier Milei.
El ministro Lugones, por su parte, insistió en que la ANMAT cumplió su rol de contralor, defendió a su directora, Nélida Agustina Bisio, y negó cualquier vínculo personal con los laboratorios investigados. No obstante, en los pasillos oficiales admiten que la crisis sanitaria ya amenaza con convertirse en un factor de peso en la campaña electoral.
