Este miércoles, tras la escalada inflacionaria de marzo, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires autorizó un aumento del 6.7% para el mes de mayo en la cuota de los colegios privados con subsidios del Estado, el doble de lo acordado en febrero.
“Es lo mínimo que necesitamos para prestar un servicio adecuado de enseñanza, esta suba permite a las instituciones incrementar por encima del 3.35% que se había estipulado en el acuerdo de Precios Justos con el Gobierno, en febrero pasado”, expresaron desde la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Buenos Aires (AIEPBA)
De esta forma, con la autorización del Gobierno bonaerense, el aumento total hasta mayo para las cuotas de los colegios privados con subsidios del Estado que se preveía que iba a ser del 23.5%, será más de tres puntos porcentuales superior y llegará al 26.85%.
Cabe destacar que, la autorización del Gobierno bonaerense se da luego del pedido que hizo AIEPBA a las autoridades provinciales para aumentar las cuotas de los colegios privados en virtud “al acuerdo que establecía la posibilidad de revisión de Precios Justos si se disparaban los índices inflacionarios”.
Es que, a principios de abril, desde AIEPBA emitieron una solicitud a la Dirección General de Escuelas para reclamar una reunión urgente con la Comisión de Aranceles para Escuelas primarias, y exigir un aumento en las cuotas de los colegios privados.
En concreto, AIEPBA sostenía que las cuotas de los colegios privados arrastraban un retraso del 8% con respecto a la inflación. “Entre enero y abril las cuotas que cobran los colegios privados arrastran un retraso superior al 8% como consecuencia de la inclusión por parte del Gobierno Nacional de los institutos en el programa denominado Precios Justos”, indicaron en su momento.
Vale recordar que, el programa de Precios Justos, que “impuso” el tope de 16.8% para las cuotas de colegios privados, establecía un aumento mensual para abril, mayo y junio de solo el 3.35%, muy por debajo del 8% que exigían desde AIEPBA.
Sin embargo, en ese momento, el Gobierno bonaerense estableció que si los indicadores tomados en cuenta para la fijación de los respectivos topes arancelarios -el Índice de precios al consumidor (IPC) y los salarios – presentaban desvíos, la Provincia se comprometía a convocar a las entidades para readecuarlos.
