Con el fin de controlar la inflación de julio, el Gobierno nacional frenó el aumento en luz y gas y controló el de los combustibles.
En las últimas horas, el Gobierno nacional de Javier Milei decidió que frenará nuevamente los aumentos de tarifas de luz y gas previstos para julio. En este caso, la suba correspondía para mejorar los márgenes de las empresas que prestan los servicios públicos regulados de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural, y hubieran tenido un impacto en las facturas de hogares, comercios e industrias cercano al 2% o 3%.
Por otro lado, en un intento desesperado del Gobierno nacional de controlar la inflación del próximo mes, el ministro de Economía, Luis Caputo, definió que aplicará un incremento de impuestos a los combustibles que equivale a un impacto de 1% en la nafta y el gasoil, que será efectivo a partir del lunes 1 de julio.
Ambas medidas buscan consolidar un proceso de baja de la inflación, que se habría interrumpido en junio después de cinco meses, precisamente por los ajustes de tarifas que aplicó el Gobierno nacional que tenían como principal objetivo bajar el gasto público en los distintos subsidios.
Por el lado de la luz y el gas, las empresas afectadas por la medida son Transener, Transba, Transpa, Edenor, Edesur, Transportadora de Gas del Sur (TGS), Transportadora de Gas del Norte (TGN), Metrogas, Naturgy, Camuzzi, Ecogas, entre otras. “Vamos a tener que reducir violentamente nuestro plan de inversiones”, anticipó el ejecutivo de una de las firmas mencionadas.
Cabe recordar que, entre febrero y abril el Gobierno nacional había firmado acuerdos con las compañías para que desistieran de reclamos judiciales y administrativos a cambio de aumentar las tarifas y mantener una fórmula de indexación mensual en base a la evolución pasada de la inflación, los salarios y el costo de la construcción.
En tanto, para junio Caputo le había ordenado al secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, cancelar ese mecanismo y empezar desde julio con una fórmula que incorpore la inflación futura proyectada para actualizar los ingresos de las empresas.
Sin embargo, la primera vez que se tuvo que aplicar esa fórmula, que según los acuerdos correspondía en el mes de mayo, el Gobierno nacional lo postergó hasta junio. Ahora, la acción de la administración de La Libertad Avanza será la misma: regular los aumentos para que no se dispare el número final de la inflación.
Con todo, las empresas eléctricas tendrán a fines del mes próximo un atraso en sus tarifas cercano al 50%, igual a la inflación acumulada desde febrero, mientras que para las distribuidoras de gas el retardo será del 25%. Con estos ingresos no percibidos se podría retrasar parte del plan de inversiones.
Por caso, la promesa del Gobierno nacional para el sector privado es que antes de fin de año convocará a la Revisión Quinquenal Tarifaria, con la que se definirá un plan de inversiones a cinco años a cambio de garantías y certezas con las tarifas. Los atrasos de este año se compensarán hacia adelante con mayores aumentos que pagarán los usuarios durante 60 meses.
Por otro lado, los combustibles sí tendrán una suba la semana que viene, que incorporará la devaluación mensual del peso frente al dólar y el alza de impuestos, por lo que la nafta se irá hasta al menos $930 o $935 por litro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El costo varía según la localidad y provincia.
La actualización restante de los impuestos a los combustibles supera los $100 por litro de nafta y los $80 en el gasoil, y se aplicará a lo largo del segundo semestre, desde agosto, posiblemente en cuotas.
Con esos impuestos, el Gobierno de Javier Milei busca recuperar recaudación tributaria por un total de 0,5% sobre el Producto Interno Bruto (PIB) en todo el año, o el equivalente a 3.000 millones de dólares, el 10% del ajuste fiscal que se propuso la gestión de La Libertad Avanza al asumir.